En concreto, la sequía de este año no ha tenido precedentes. Así lo denunció el Centro Nacional de Control de Desastres Naturales (Cemaden), que también advirtió que la emergencia no ha terminado y que hasta noviembre el escenario puede empeorar aún más. Hoy, más de un tercio del territorio nacional, que equivale a 3 millones de km2, sufre sequía en diversas formas, con ciudades aisladas en el norte del país debido a que los ríos se han secado, con incendios generalizados en casi todos los estados y los niveles de aguas fluviales tan bajos que el Operador Nacional del Sistema Eléctrico, que controla el suministro de energía del país, ha anunciado la activación de centrales térmicas para satisfacer la demanda. Según la experta en sequías Ana Paula Cunha, “nos enfrentamos a una sequía multifactorial”. Hemos pasado de un Pacífico cálido, el llamado fenómeno de El Niño, a un Atlántico Norte más cálido. El hecho de que no hubiera tregua entre ambos fenómenos provocó un agravamiento de la sequía en todo el país”. Los bloqueos atmosféricos impidieron que las corrientes frías avanzaran por Brasil. Esto no permitió que El Niño se agotara en abril, como debería haber ocurrido. La única excepción fue el Estado de Rio Grande do Sul, que sufrió dramáticas inundaciones el pasado mes de mayo.

En el sudeste y centro-oeste del país, los incendios aumentaron más del doble, con San Pablo, por ejemplo, experimentando un aumento del 425% en los focos de fuego. Según los expertos, el humo que invade las ciudades brasileñas procede de la combustión que se extiende más allá de las zonas deforestadas, alcanzando ecosistemas del Pantanal, el Cerrado y la Amazonía, donde los incendios afectan a la vegetación autóctona que no está adaptada para resistir el fuego. En el río Paraguai, en el Pantanal, un grupo de pescadores rescató con cuencas improvisadas a más de 300 peces que habían quedado empantanados en la arena debido a la terrible sequía del río, que ha descendido cuatro metros por debajo de la media estacional.También está devastada parte de una floresta en el estado de Minas Gerais, propiedad desde hace cuarenta años de un conocido fabricante internacional de lápices. En San Pablo, la situación esta semana ha sido dramática. Durante cuatro días consecutivos, esta semana, la capital financiera del país fue clasificada por el sistema IQAir, que vigila la contaminación en las grandes metrópolis del mundo, como la ciudad con el aire más contaminado del mundo. Incluso uno de sus principales ríos, el Tieté, se tiñó de verde. La Sociedad de Medio Ambiente del Estado de San Pablo (Cetesb) explicó que el fenómeno se produjo debido a la grave sequía, que redujo significativamente los aportes de los afluentes del río, favoreciendo así la proliferación de algas.

Según el diario Estado de São Paulo, el gobierno de Lula estaba advertido desde principios de año de la fuerte sequía que se avecinaba y del riesgo de incendios. Así lo demuestran una serie de documentos, entre cartas, notas técnicas y actas de reuniones. El propio Ministerio de Medio Ambiente ha emitido varias resoluciones de emergencia medioambiental desde febrero. En marzo, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó al gobierno federal que elaborara un plan de prevención y lucha contra los incendios en el Pantanal y la Amazonía. En junio, un informe del Observatorio del Clima, adjunto a la acción del STF, ya alertaba de que el Pantanal estaba “consumido por las llamas” y que “la ausencia de medidas rápidas, eficaces y contundentes contra el fuego podría llevar a la ruina del bioma”.

En un editorial, el diario O Estado de São Paulo escribe que “el presidente Lula da Silva se ha perdido ante la tempestad climática y, a día de hoy, sigue debiendo al país un plan de gobierno digno de ese nombre. Lo que el Partido de los Trabajadores ha hecho hasta ahora, de hecho, no va más allá de espasmos de principiante. Y siempre, por supuesto, con la vista en las próximas elecciones, no en los intereses del Estado brasileño. Frente a este gobierno tibio, sobre todo en el abordaje de la crisis ambiental, no es poco lo que el Parlamento podría hacer dentro de los poderes que le otorga la Constitución. Pero al Parlamento no le importa. En su radar sólo está mantener el llamado presupuesto secreto”, es decir, los fondos públicos que pasan del gobierno a los parlamentarios sin rendir cuentas de su uso. Entre las críticas de los ecologistas y la sociedad civil está la falta de un plan articulado de prevención y la lentitud en la gestión de las emergencias. Tanto es así que incluso el juez del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tuvo que intervenir, calificando la situación de “pandemia de incendios forestales” hace unos días. Dino dijo también que “el absurdo no puede normalizarse” y dio cinco días al gobierno para aumentar el número de bomberos que combaten los incendios en la Amazonía y el Pantanal.

“Queremos una institución suficientemente robusta, no en términos de tamaño, sino de calidad”, dijo Marina Silva sobre la Autoridad Climática tras el anuncio del presidente. Durante el gobierno de transición de diciembre de 2022, se propuso dar a la autoridad climática incluso el estatus de ministerio, pero ni siquiera entonces se llegó a nada. Incluso después de las inundaciones que asolaron el estado de Rio Grande do Sul se volvió a resucitar la propuesta, pero también en ese caso acabó en punto muerto. Detrás del proyecto, según la prensa brasileña, se esconde un riesgo económico, el de driblar las reglas fiscales. De hecho, la semana pasada, en una audiencia en el Senado, Marina Silva subrayó la necesidad de crear “un marco normativo ad hoc para que cuando se decrete una emergencia, como en Rio Grande do Sul, tengamos la posibilidad de que no se contabilice en el techo de gastos”, añadiendo también que “si tengo que actuar de forma preventiva, tengo que tener cobertura legal”. El riesgo, sin embargo, es que la nueva autoridad climática así concebida haga caer en picado los ya precarios presupuestos del gobierno, devorados por el elevado gasto público.

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