27 de octubre de 2024
Capital Humano denunció 203 casos de embarazos falsos para cobrar una asignación: el Estado habría perdido $165 millones
La investigación fue liderada por la ANSES. Se detectaron certificados médicos y documentación apócrifos en localidades como La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno y Río Gallegos. Investigan más casos. Había “facilitadores” que cobraban una coima para iniciar los trámites
>El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, mediante una investigación liderada por ANSES, detectó y denunció ante la Justicia 203 casos de “graves y escandalosas” irregularidades en la tramitación de la Asignación por embarazo para protección social.
El organismo a cargo de Mariano de los Heros identificó, después de varias alertas originadas en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES de González Catán, en La Matanza, varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios que las beneficiarias de la prestación debía llenar, denominado ‘PS 2.67′, requisito para acceder a la asignación. En al menos 203 casos en González Catán, Lomas de Zamora, Retiro (CABA), Trujillo, en Moreno y Ríos Gallegos se detectaron:
- En la denuncia realizada por Capital Humano hay casos insólitos. Por ejemplo, una médica obstetra habría firmado los certificados para cobrar la Asignación Universal por Embarazo de cuatro mujeres. Cuando la ANSES realiza la investigación —le llamó la atención que las firmas eran diferentes—, se descubrió que la facultativa nunca trabajó en el Hospital Municipal “Dr. Héctor J.D Agnillo” de González Catán, ni en ninguna otra salita de La Matanza. La médica, además, afirmó que no fue ella quien completó los formularios, que no reconoce su firma y letra, y tampoco le pertenece el número de CUIL ingresado en los formularios observados.Los pesquisas de la ANSES también lograron el testimonio de la presunta embarazada (se preserva el nombre), quien reconoció que “el formulario lo obtuvo mediante una persona de nombre ‘Estela’ por el costo de $1.800 sin agregar mayores datos.”
Para los funcionarios del organismo que preside Mariano de los Heros, del análisis de esa documentación “surge sin duda un modus operandi cuasi uniforme en cuanto al universo de maniobras, donde las modalidades son reiteradas y consisten básicamente en la presentación de los formularios obligatorios para la acreditación del embarazo -falsos en estos casos- o bien de la interrupción de la gestación, efectuada por mujeres que no han concurrido a una consulta médica que así lo acredite, o bien esos embarazos no existen o no existieron, tal como se requiere para adquirir el derecho a la prestación de Asignación Universal por Embarazo”.
Según detallaron fuentes oficiales a Infobae: “Estas situaciones comenzaron a detectarse a partir de las presentaciones de los formularios PS 2.67 adulterados o con sellos de médicos que no revisten tal carácter, o bien que no participan en la certificación de la que dan fe de su contenido y por lo que surgen las posibles irregularidades observadas en un Formulario, presentado en la Unidad de Atención por las presuntas embarazadas para cobrar el beneficio”.El fraude descubierto podría ascender a más de 160 millones de pesos y fue dividido en dos escenarios posibles:
1- Escenario de máxima: si los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100 por ciento de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a 165.959.199 pesos a valores actuales.En respuesta a estas maniobras -se siguen investigando casos en todo el país- desde el ministerio de Sandra Pettovello y ANSES reafirmaron su “compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción” y le dijeron a Infobae: “Para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites”.
Según la normativa vigente, para hacer efectiva la percepción a la mujer gestante debe cumplir con los siguientes requisitos:- En el escrito judicial los funcionarios del gobierno de Javier Milei solicitaron a los magistrados que “lleguen no solo a los autores materiales, sino a los autores intelectuales y se revelen la red delictual (asociación ilícita) que utiliza en todo el país este sistema defraudatorio contra el Estado Nacional (ANSES)”.
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