8 de febrero de 2025
El Gobierno asegura que los aumentos de tarifas de luz y de gas en 2025 van a estar en línea con la inflación
Las boletas aumentarán todos los meses hasta que termine el año por el recorte de los subsidios y los ajustes para mantener constantes los ingresos de las empresas. El Ministerio de Economía no quiere poner en riesgo la desinflación de cara a las elecciones
>El Gobierno de Javier Milei implementó en 2024 un ajuste de shock para alcanzar el equilibrio fiscal y “sincerar” los precios relativos que habían quedado rezagados durante la gestión anterior. De cara a 2025, con las elecciones en el horizonte, la idea que predomina entre los funcionarios es que será tiempo de un enfoque más gradual.
Esa es la directriz que el ministro de Economía, Luis Caputo, transmitió al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. La encargada de ejecutar este esquema es la secretaria de Energía, María Tettamanti, junto a sus equipos técnicos. Esta orientación quedó evidenciada con la marcha atrás en el fuerte aumento que, por un error, según la explicación del propio ministro, En el proyecto de Presupuesto 2025 –que nunca llegó a tratarse en el Congreso–, Caputo estimó que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec será del 18,3% en todo el año, lo que equivale a un promedio mensual del 1,4 por ciento. En sintonía con esa proyección, el área de energía del Gobierno prevé que las tarifas aumenten mensualmente: algunos ajustes estarán por encima del IPC y otros por debajo, pero en el acumulado anual deberían moverse en magnitudes similares.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que el grueso del ajuste se realizó en 2024. Las boletas de gas residencial aumentaron un 400% en ese período, mientras que la electricidad subió en promedio un 300%, según datos del sector. Esa recomposición se dio por la reducción de subsidios, sumada a los incrementos en las tarifas de transportistas y distribuidoras, los tres componentes principales de las facturas finales (además de los impuestos).En Energía ahora creen que el cambio de esquema de subsidios hacia uno más “focalizado” puede tomar más tiempo y no estar listo para mediados de este año, como se preveía. Una encuesta realizada en enero por Casa Tres, sobre 2.056 casos efectivos, arrojó que casi la mitad de los argentinos (44%) prefiere mantener sin aumentos las tarifas aceptando la posibilidad de cortes de luz. Ante la pregunta sobre de quién es la responsabilidad de las interrupciones, el 38% señaló a las empresas, el 34% al Gobierno actual y un 23% al kirchnerismo.
Las facturas de energía están compuestas por cuatro ítems: el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Las subvenciones del Estado se canalizan a través de una bonificación sobre el costo de la energía que pagan los consumidores en sus boletas.
La asignación de ese beneficio desde 2022 está determinada por un esquema de segmentación en base a los ingresos que reciben los hogares respecto a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec, cesta que marca el umbral para no ser considerado pobre. Hay tres categorías de hogares: ingresos altos (Nivel 1) -que no tienen descuento-, ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).Tettamanti llegó en octubre pasado con la idea de ir a un esquema similar al de la tarifa social que se aplicó con Mauricio Macri con solo dos universos: los que reciben subsidios y los que no. Hoy implicaría dejar fuera a 3,4 millones de hogares de clase media, en el caso de la luz, que recibirían fuertes incrementos.
Es un dilema similar al que se enfrentó su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien intentó implementar un sistema basado en el peso sobre los ingresos de una Canasta Básica Energética (CBE) que además iba a tener en cuenta el consumo de cada usuario según su zona bioclimática. Fue complejo realizar los cruces de información e implicaba una “focalización” mucho más restrictiva que la actual.Luego, la idea es aplicar un sistema de actualización mensual automático para las tarifas y, en consecuencia, los ingresos de las empresas se mantengan constantes en términos reales. Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que en gestiones pasadas se buscó apuntalar, sin éxito, la desaceleración de la inflación.
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