La iniciativa del Gobierno nacional encontró resistencia de parte de las provincias, que reclaman que las represas se encuentran en su territorio y que les corresponde una mayor participación en su futuro. Ambos gobiernos provinciales advirtieron en su momento que no habían sido consultados sobre el proceso licitatorio y buscaron acordar un nuevo marco de administración conjunto con Nación.

Ambos mandatarios enfatizaron que el uso del agua con fines hidroeléctricos no puede quedar únicamente en manos del Gobierno nacional o de inversores privados. También reclamaron que se tenga en cuenta el canon por uso del recurso, algo que no figura en las actuales concesiones y que representa una de las exigencias principales en las nuevas condiciones de adjudicación.