Aunque gran parte del debate público se centró en las cooperativas, explicaron fuentes oficiales, el alcance de la reforma es más amplio: la modificación del artículo 95 también contempla a cualquier persona jurídica sin fines de lucro que tenga una concesión, licencia o permiso estatal para brindar un servicio público. Así lo confirma el propio texto del decreto, que establece obligaciones adicionales para estos operadores, como la separación contable y funcional entre el servicio público y el servicio de comunicación audiovisual, la prohibición de prácticas anticompetitivas, y el acceso compartido a infraestructura física en condiciones de mercado.

“Era como si un almacenero que quisiera instalarse para competir debiera pedirle a la CNDC que dictamine que su entrada no iba a lesionar la competencia”, ilustró Sturzenegger. Y agregó: “¿Una mayor competencia podría ser un problema para la competencia?”

Desde el Gobierno Nacional destacaron que, además de remover obstáculos burocráticos, el nuevo esquema refuerza el rol del Enacom como autoridad de aplicación, dándole facultades para intervenir en disputas por el uso compartido de infraestructura (como postes y ductos), fiscalizar condiciones de mercado y exigir que los nuevos prestadores no incurran en subsidios cruzados entre servicios.