23 de julio de 2025
El Gobierno autorizó la privatización total de AySA: el 51% de la empresa deberá quedar a cargo de un mismo operador

De acuerdo con el procedimiento aprobado, un 51% de las acciones deberán ser vendidas a un mismo comprador. El resto será ofertado en bolsas y mercados nacionales
Según explicaron las autoridades, el proceso de venta se estructurará en dos etapas. En la primera, la cartera económica deberá vender al menos el 51% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico, mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional.
Por su parte, el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que la privatización no interrumpa el servicio público de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.
La decisión de avanzar con este proceso se basó en los balances analizados por la actual gestión, que apuntó que “desde su creación, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro nacional”.De la misma manera, apuntaron que la asistencia estatal no fue suficiente para “impedir un deterioro en la eficiencia y productividad” de la empresa, la cual reflejó una “disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.
No obstante, remarcaron que para mejorar la prestación del servicio se necesitaría realizar una potente inversión en infraestructura, pero que los costos de la misma no podría ser afrontados por la empresa en sí sola, ni por el Estado. Además, de ir en contra de la política de reducción y saneamiento fiscal.En consecuencia, la Secretaría de Obras Públicas había dictado el “Plan de Acción de Transición de AySA S. A. para el período 2024-2026″, el cual fue creado con la intención de “adecuar los compromisos de prestación del servicio a las capacidades reales de ejecución e inversión de la empresa, en función de los recursos disponibles”.
De la misma manera, señalaron que la planificación fue pensada para garantizar la continuidad, eficiencia y sustentabilidad en el corto plazo. Asimismo, para sentar una base que facilite nuevos cambios a aplicar tanto a nivel normativo, institucional y de gestión.COMPARTIR:
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