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2 de agosto de 2025

El cambio de paradigma con el que el Gobierno busca atraer inversiones en infraestructura y privatizar empresas

El Poder Ejecutivo priorizará obras financiadas sin fondos estatales y el desprendimiento de compañías como AySA. Nueva regulación, tarifas alineadas a costos y previsibilidad buscan revertir décadas de atraso y desinversión en el país

>El Gobierno de A contramano de políticas anteriores, como el congelamiento tarifario durante los gobiernos kirchneristas, que produjo años de desinversión en sectores estratégicos como el sistema eléctrico nacional, Milei busca instaurar reglas de juego que garanticen certezas a largo plazo.

Casos como la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner (actual Perito Moreno), que favoreció un importante ahorro de divisas y subsidios mediante la sustitución de importaciones de gas natural, ilustran las decisiones tomadas en años recientes. El último hito de la “obra pública” tradicional.

Aunque el modelo Milei aún no ha despertado el interés efectivo de empresas nacionales o extranjeras para adjudicarse compañías públicas o ejecutar obras de largo plazo, el Gobierno apuesta a mecanismos que aporten previsibilidad, como el En las últimas semanas se definieron las tres primeras de dieciséis obras prioritarias para el transporte eléctrico de alta tensión: AMBA I, la Línea de 500 kV Río Diamante y la de Puerto Madryn - Choele Choel - Bahía Blanca. El paquete, estimado en USD 1.900 millones, se ejecutará bajo el modelo de concesión de obra, mediante el cual los usuarios pagarán un cargo adicional en la factura una vez que entren en servicio. Actualmente, siguen los preparativos de los pliegos licitatorios.

Uno de los objetivos para lo que resta de 2025 lanzar una licitación pública nacional e internacional por al menos el 51% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), para que en menos de un año el servicio pase a depender de un privado. El remanente, que actualmente representa el 90% en manos estatales, se subastará en el mercado bursátil en 2026.

Para atraer inversores, el Gobierno planea modificar el marco regulatorio de la concesión de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde presta servicios a más de once millones de personas. Entre las propuestas se destaca que la nueva concesionaria pueda efectuar cortes ante morosidad, ajustes tarifarios trimestrales según inflación y financiar las obras directamente a través de las facturas de los usuarios. “El 28% de la red de agua y el 50% de los afluentes está obsoleta”, confirman en AySA.

Así lo explicó Maccarone anunció la adjudicación de más de 9.000 kilómetros de rutas antes de que finalice el año y detalló las etapas y herramientas pensadas para seducir a los inversores. Funcionarios durante la entrevista definieron este mecanismo como “fondo anti kuka”, aludiendo a los congelamientos aplicados en gestiones previas. La mejora de rutas es considerada esencial para el desarrollo de minería, energía y agroindustria.

En la última semana, Transportadora Gas del Sur (TGS)Es la primera obra privada de infraestructura gasífera durante el Gobierno de Milei. Su ejecución supondría un ahorro fiscal de USD 500 millones por reemplazo de importaciones de combustible, según cálculos de TGS y el Ministerio de Economía. La operación y el mantenimiento del Gasoducto Perito Moreno se encuentran bajo responsabilidad de la empresa.

Certidumbre regulatoria, financiamiento privado y tarifas alineadas con los costos de inversión son los tres pilares del plan oficial para reactivar la infraestructura básica, incentivar la llegada de capitales y reducir la dependencia estatal en la prestación de servicios esenciales. La estabilidad macroeconómica y la continuidad en la agenda desreguladora de Javier Milei son factores que los inversores observan con cautela.

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