En un segundo diagnóstico elaborado tras la rescisión de contratos vinculados a la provisión de chapas patente, el interventor advirtió la necesidad de ajustar aún más la dotación de personal y los costos de los sectores productivos. Esta revisión tuvo en cuenta el impacto de la decisión de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, dependiente de la Secretaría de Justicia, sobre el negocio de las patentes vehiculares.

De esta manera, el nuevo estatuto social de la entidad definió como parte de sus funciones actuales: producir dinero circulante y especies valoradas requeridas por el Estado; asistir en el proceso de atesoramiento, destrucción y disposición final de billetes fuera de circulación; y elaborar toda clase de impresos para organismos públicos y privados nacionales o extranjeros.