Según el informe, la cifra de personas alcanzadas por el tributo creció de manera exponencial. En junio de 2025, la cantidad de trabajadores y jubilados sujetos a retenciones sumó 999.507 empleados y 183.472 jubilados, que aportaron en conjunto $444.066 millones. Estos datos provienen directamente de la rendición formal de cuentas que realizó el funcionario, y marcan un cambio profundo en la base de contribuyentes respecto al año anterior.

El sustento de esta modificación masiva tiene origen en la reducción del mínimo no imponible viable para empezar a tributar. Durante la segunda mitad de 2024, la ley Bases impulsada por la administración del presidente Javier Milei eliminó el esquema previo instalado bajo la gestión de Sergio Massa, cuando el piso para ser alcanzado por Ganancias equivalía a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). En junio de 2024, esos 15 sueldos mínimos igualaban aproximadamente a $3,5 millones.

El informe presentado ante el Congreso precisó que en la primera mitad de 2025, los empleados debieron pagar Ganancias cuando su salario bruto superó $2.280.558, o $1.892.863 netos luego de descuentos jubilatorios y de salud —esto, en el caso de trabajadores sin familiares a cargo—. Para quienes tienen dos hijos menores, el mínimo de imposición ascendió a $2.654.060 brutos o $2.202.870 netos. Durante el segundo semestre de 2025, los límites cambiaron a $2,4 millones brutos (unos $2 millones netos) para la categoría sin carga de familia y alrededor de $2,8 millones brutos ($2,3 millones netos) para empleados con dos hijos.

La recaudación creció en paralelo al número de aportantes. El salto fue del 60% interanual. Esta dinámica beneficiaria para el fisco nacional se explicó tanto por la extensión de la base de contribuyentes como por la adaptación del tributo a las nuevas pautas legales. Las cifras que reveló ARCA dieron cuenta de que el incremento tuvo relación con una base de comparación menor para el mismo mes del año anterior, en el cual prevalecían retenciones sobre montos muy superiores, correspondientes solo a los entonces denominados “altos ingresos”.

Entre los jubilados, un grupo especialmente sensible a los cambios tributarios, la situación se modificó en función del crecimiento del haber mínimo y de los reajustes por sentencia judicial, fenómeno que generó que más beneficiarios comenzaran a tributar el impuesto. Bajo la legislación vigente, la obligación surge cuando los ingresos superan ocho veces el importe del haber mínimo mensual —en agosto, esta cifra equivalió a $2.514.440—.

Los impactos económicos y sociales resultaron vastos. Por una parte, el gobierno nacional utilizó estos fondos adicionales para apuntalar el objetivo de lograr y sostener superávit fiscal en las cuentas públicas, meta central en la política económica del oficialismo. Por otro costado, la ampliación del impuesto otorgó oxígeno a las finanzas de las jurisdicciones provinciales gracias al sistema de coparticipación federal de impuestos.

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