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17 de septiembre de 2025

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Se trata de un proyecto impulsado por el massismo que plantea la obligatoriedad de informar con 72 horas de anticipación cambios en los valores de combustibles líquidos y gaseosos

>La Legislatura bonaerense comenzó a tratar un proyecto de ley que apunta a transparentar la formación y comunicación de los precios de los combustibles en la provincia. La iniciativa propone que las empresas productoras y expendedoras estén obligadas a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier modificación en los valores de venta de naftas, gasoil y gas natural comprimido.

El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad de aplicación provincial cualquier cambio en los precios con al menos 72 horas de anticipación. A su vez, las estaciones de servicio deberán publicitar esas modificaciones en cartelería visible al público, en surtidores y en sus canales digitales oficiales con un plazo no menor a 48 horas antes de que entren en vigencia.

“Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”, agregó Rasquetti durante la presentación del texto.

Entre los fundamentos, el proyecto señala que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos de combustibles generó un vacío normativo que afecta a los usuarios. En ese marco, la provincia busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, apoyándose en lo establecido por la Constitución Nacional y en normas como la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”.

El texto recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), ratificó la titularidad provincial sobre los recursos naturales y la potestad de adoptar medidas de control. Asimismo, cita la jurisprudencia del caso Halabi (2009), que reafirmó el carácter colectivo de los derechos vinculados al acceso a la información.

“El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”, subrayó la legisladora autora de la propuesta.

En caso de aprobarse, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial será el encargado de definir la autoridad de aplicación y podrá celebrar convenios con los municipios para fiscalizar el cumplimiento.

Rasquetti sostuvo que la iniciativa es parte de una agenda orientada a “recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos”. En su exposición, advirtió: “Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”.

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