Desglosamos ahora cada punto. El primero es el más importante y establece: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

La Cámara de Senadores de Corrientes declaró su “contundente rechazo al artículo 30 del Proyecto de Ley de presupuesto nacional, el cual perjudica el funcionamiento de 170 Escuelas Técnicas en el territorio de la provincia, restringiendo con ello el derecho a la educación de miles de jóvenes”. Por su parte, los concejales de Florencio Varela apuntaron a que el dinero en cuestión se destina “a la construcción, ampliación y refacción de infraestructura de las instituciones, equipamiento para los entornos formativos, materiales para los proyectos de los estudiantes, así como la consolidación de diferentes programas de acompañamiento para el avance las trayectorias educativas y su finalización, de la educación profesional secundaria para la ‘revinculación’ de adolescentes que se desvincularon del sistema educativo, etcétera”.

Si el Gobierno desea finalizar el año con el Presupuesto 2026 sancionado por el Congreso, el mismo deberá tener un trámite más que exprés en Diputados. Esto es, dictamen ni bien arranquen las extraordinarias y una pronta aprobación allí, con el objetivo de dejarle al Senado al menos dos semanas para despachar y esperar los siete días por reglamento, ya que no habrá dos tercios para habilitar rápido sobre tablas.