ElLa propuesta además permite la utilización de entidades creadas “ad hoc” para ejecutar estas operaciones y excluye a las mismas de las disposiciones del Decreto 1023 sobre contrataciones públicas. Los instrumentos que se adquieran podrán mantenerse en cartera y usarse en futuras operaciones, ampliando el margen de acción del Tesoro.

La administración nacional también queda habilitada para ejercer derechos contractuales en caso de que la contraparte enfrente procesos concursales o de quiebra, sin que apliquen varias restricciones previstas en la Ley de Concursos y Quiebras. El artículo especifica que los gastos e intereses relacionados con estas operaciones deberán registrarse en la Jurisdicción 90 – Servicio de la Deuda Pública.

El régimen actual, plasmado en el artículo 65 de la Ley 24.156, establece: “El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

La diferencia sustancial reside en que la normativa vigente exige que toda reestructuración implique una mejora objetiva para el Estado, mientras que el nuevo artículo amplía el menú de operaciones y elimina la obligación de un mejoramiento en los términos mencionados. El proyecto también exceptúa a estas operaciones de ciertos controles legales y limita las restricciones presupuestarias, lo que otorga mayor flexibilidad a la administración nacional.

El ministro Luis Caputo y su equipo analizaron el impacto potencial de esta reforma en la gestión de los próximos vencimientos de deuda. El 9 de enero de 2026 vence un pago superior a USD 4.200 millones, de los cuales bonistas privados tienen en su poder unos USD 3.700 millones. Dentro de las alternativas, el Gobierno evalúa canjes, refinanciamientos y la utilización de instrumentos financieros complejos para administrar el perfil de vencimientos sin caer en situaciones de estrés financiero.

En declaraciones recientes, el titular de Economía explicó que los bonos emitidos durante la gestión de Martín Guzmán cotizan a precios bajos en el mercado internacional, lo que se traduce en tasas internas de retorno más altas. Según Caputo, reemplazar bonos viejos por nuevos instrumentos convencionales podría reducir el riesgo país. “Si nosotros pudiéramos reemplazar los bonos viejos por bonos convencionales, el riesgo país, que hoy está en 590, podría estar en 490 sin tener que cambiar nada, simplemente porque cambiaste la estructura de los bonos”, afirmó.

Más recientemente, además, Caputo agregó otra capa al asegurar queEl tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 ocurre tras la media sanción de Diputados y en medio de negociaciones lideradas por la senadora Patricia Bullrich, quien encabeza las gestiones ante la Cámara Alta. El oficialismo considera que la aprobación de la ley sería una señal relevante de gobernabilidad, tras dos años de prórrogas presupuestarias.

El avance del proyecto generó reacciones en los mercados financieros. Tras la aprobación parcial y anuncios económicos recientes, el riesgo país perforó el umbral de los 600 puntos básicos y se ubicó en torno a las 568 unidades según el índice elaborado por JP Morgan. Operadores y analistas observaron una mejora en la cotización de los bonos argentinos en dólares y un repunte de otros instrumentos del Tesoro, como los BONCER de corto plazo.

Desde Wise Capital remarcaron que si se sostiene el escenario actual, el Tesoro podría recuperar el rollover de su deuda en 2026. La posibilidad de avanzar con emisiones bajo legislación extranjera aparece como una herramienta central en la estrategia de financiamiento.