La otra forma de ver esta situación es la que argumentan los fabricantes europeos tradicionales. Los autos eléctricos han generado millonarias inversiones en una tecnología que, sin embargo, todavía no se desarrolló suficientemente como para producir autos accesibles al bolsillo de los ciudadanos comunes.

Pero entre la inversión en fuentes de energía renovable, en redes de carga pública para que más vehículos puedan conectarse para recargar baterías y las exenciones de impuestos como patente y adquisición de vehículos eléctricos, esas ayudas comenzaron a desaparecer progresivamente y hoy solo se mantienen en algunos países de los 27 que conforman la Unión Europea.

Así, la postergación del plazo de 2035 funciona como un buffer o colchón de tiempo que las automotrices deben tomar para amortiguar el impacto de las inversiones que todavía hacen falta para desarrollar baterías más accesibles y rápidas de recargar con una apuesta mayor en departamentos de I+D y menos en manufactura.

Otras tecnologías todavía incipientes como el hidrógeno y los combustibles sintéticos, tendrán más tiempo para desarrollarse y bajar sus costos de aplicación, que todavía son elevados como para convertirlas en una opción accesible y masiva.