La segunda fase transcurrió en las localidades de Libertad y Pontevedra. Mediante drones, los agentes detectaron a varios sujetos realizando tareas de venta y custodia en un predio conocido como “La Tosquera”, de extensas 30 hectáreas rodeadas de vegetación y espejos de agua —un sitio que registraba antecedentes por disputas territoriales entre bandas rivales.

La investigación —que comenzó el 30 de septiembre tras labores encubiertas, seguimientos, grabaciones y el uso de tecnología con drones— permitió confirmar la existencia de una estructura criminal fragmentada en roles definidos: jefes, guardadores, vendedores y “soldaditos”. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que los puntos de venta estaban protegidos por vigilantes armados, contando algunos con armas de alto poder de fuego.

Participaron en el operativo la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Delegación La Matanza junto con la UFI N.º 14 —bajo la dirección de los fiscales Matías Folino y Fernando López— y el Juzgado de Garantías N.º 4, encabezado por el juez Fernando Pinos Guevara. De los siete detenidos, cuatro recuperaron la libertad posteriormente, aunque permanecen imputados dentro de la investigación judicial.