“La gestión sostenible de los recursos marinos y la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) requieren no solo marcos legales adecuados, sino también transparencia efectiva sobre quiénes explotan el recurso, bajo qué condiciones y con qué antecedentes. En Argentina, la información clave sobre la flota pesquera —incluyendo registros de buques, armadores y permisos— se encuentra fragmentada y dispersa en las resoluciones del Consejo Federal Pesquero, no está publicada en formato accesible, ni disponible en tiempo real, lo que dificulta el control por parte del Estado, la cadena de suministro y la ciudadanía en general”, dice el informe.

La investigación reconstruye cronológicamente cómo, pese a antecedentes comprobados de pesca ilegal por parte de CNFC dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, empresas vinculadas al mismo grupo económico, como el caso de Univpesca, lograron ingresar embarcaciones bajo bandera argentina, obtener permisos de pesca para la pesquería de calamar (especie fotosensible y la más buscada por los centenares de buques chinos que asolan la “Milla 201”, como revelan las imágenes nocturnas) y transferir posteriormente esos permisos a otras subsidiarias del mismo conglomerado.

Según la investigación, “estos hechos evidencian violación en la aplicación del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe otorgar permisos a armadores involucrados en pesca ilegal o con vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con quienes la practiquen, así como del artículo 28, que establece la caducidad automática de los permisos ante su incumplimiento”.

Al respecto, el análisis refiere cambios normativos ocurridos entre el primer y segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que favorecieron el accionar de los pesqueros chinos. Hasta 2013, precisa, se exigía una declaración jurada detallada sobre todas las relaciones jurídicas, económicas y societarias —permitiendo detectar vínculos indirectos con armadores sancionados— a quiénes pedían esos permisos, pero a partir de 2013, un año antes de la firma de la “Asociación Estratégica Integral que la entonces presidente firmó con el presidente chino, Xi Jinping, “ese requisito fue reemplazado por una mera manifestación genérica de inexistencia de vínculos, reduciendo la capacidad de control y verificación por parte del Estado”.

Debido a esto, explica el estudio, “una empresa que en 2006 había sido rechazada por el Consejo Federal Pesquero (CFP) por mantener vínculos con armadores involucrados en pesca ilegal, en 2014 logró obtener permisos de pesca de calamar para dos buques —Ming Wang y Ming Yuan— en clara violación del Artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe otorgar permisos a personas o empresas vinculadas a actividades de pesca ilegal”.

El informe destaca también la opacidad de las estructuras societarias de flotas de aguas distantes, como la china, “que utilizan empresas subsidiarias y esquemas complejos de propiedad para eludir restricciones legales y ocultar a los beneficiarios finales. Esta situación se ve agravada por la ausencia de registros públicos en línea y por la falta de sistematización de los actos administrativos del Consejo Federal Pesquero (CFP)”. Al respecto, cita una investigación de mediados del año pasado sobre el nivel de accesibilidad y transparencia de los datos sobre embarcaciones pesqueras en la región y en el mundo. “A partir de la revisión de más de una docena de registros de países latinoamericanos y la construcción de un índice de transparencia pesqueraAquella investigación comparó más de una docena de registros de países latinoamericanos, ya apuntaba al caso de Univpesca para fundamentar la necesidad de un registro público de embarcaciones y permisos pesqueros que facilite el acceso a la información y enfatizaba que la opacidad del actual sistema “limita la capacidad de verificar si un buque está autorizado para capturar determinadas especies, qué arte de pesca puede utilizar, y si su operador tiene antecedentes que deberían impedirle el acceso al caladero”. Además, decía, “también reduce las posibilidades de detectar vínculos entre empresas nacionales y armadores extranjeros sancionados por pesca ilegal, como se observa en el caso que aquí analizamos”.

La nueva investigación recuerda que la Ley Federal de Pesca prevé un Registro de la Pesca pero esa información no se publica de forma abierta ni en línea, “lo que limita el control efectivo de la flota”, por lo que sugiere la creación de un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, “disponible en línea, en formato abierto y actualizado en tiempo real”. Eso permitiría, asegura, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones del CFP, prevenir el ingreso de armadores con antecedentes de pesca ilegal, facilitar el monitoreo ciudadano y el control por parte de organismos públicos, investigadores y ONGs y contribuir a la sostenibilidad de los recursos pesqueros argentinos.

Sin información pública accesible y transparente, concluye el informe, casos como el de Univpesca, subsidiaria de la Corporación Nacional de Pesca de la China, “seguirían debilitando la gobernanza pesquera y comprometiendo la sostenibilidad de los recursos marinos de la Argentina”.

Hace apenas un mes Infobae reportó que, además de pesca, China parece haber reiterado una aEl mapeo por parte de un buque de otro país es cuanto menos una acción poco amigable o incluso hostil, en especial si se realiza sin consulta previa. “Ya en 2022 habíamos detectado este buque haciendo movimientos no compatibles con pesca, que en general se hace con movimientos zigzagueantes. Este buque se movía en cuadrículas. Nos pusimos en contacto con expertos de otros países y hubo coincidencia en que eran movimientos de prospección y mapeo del fondo marino. Y como se estaba haciendo sobre la plataforma continental argentina hicimos el pedido de informes a Ministerio de Seguridad. Hace un mes, la misma embarcación hizo el mismo tipo de movimientos, ahora frente a la Provincia de Buenos Aires, y siempre entre el borde de la ZEE y el borde de la Plataforma Continental. Queremos saber qué estuvo haciendo, aún no hicimos un pedido de información al Ministerio de Seguridad o a Cancillería, sino contactos informales. En 2023 la respuesta fue que no sabían, pero su función es averiguar”, explicó Schvartzman a Infobae.

Ese reciente antecedente y la manipulación de permisos y transferencias de pesca por parte de estructuras opacas cuyo vértice es una corporación estatal china es relevante a la luz del