>El caso del Banco Master se ha vuelto paradigmático en Brasil, hasta el punto de que podría tener un impacto incluso en la campaña electoral que comenzará en los próximos meses de cara a las presidenciales de octubre. El banco fue liquidado por el Banco Central el pasado 18 de noviembre, tras constatarse las “graves violaciones” de las normas bancarias. La entidad no contaba con fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones con inversores y depositantes, pero sobre todo la Policía Federal (PF) descubrió irregularidades y fraudes, entre ellos la existencia de créditos inexistentes por unos 12,2 mil millones de reales (2,27 mil millones de dólares). Su propietario, Daniel Vorcaro, fue arrestado el pasado 17 de noviembre mientras intentaba huir a Dubái, según la PF. El jueves, una segunda fase de la operación Compliance Zero condujo al arresto del cuñado de Vorcaro, Fabiano Zettel, quien también estaba huyendo hacia Dubái.

La situación es tan compleja que en estos días la oposición quiere instaurar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar el caso, mientras que la senadora Damares Alves, del partido Republicanos, también ha solicitado el impeachment del juez Toffoli. Entre otras anomalías que lo han tenido como protagonista, destaca el hecho de que el juez, en los últimos días, haya limitado el acceso de la Policía Federal al material incautado en la segunda fase de la operación Compliance Zero, acusando al cuerpo de “inercia”. Posteriormente, Toffoli dio marcha atrás, autorizando el acceso, pero decidiendo cuáles investigadores podían examinar el material. Además, redujo de seis a dos días el plazo para que los policías interrogaran a los acusados. Finalmente, prorrogó por 60 días la investigación contra Vorcaro a solicitud de la Policía Federal.

En el caso también se ha visto implicado el juez del proceso contra el ex presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ya que su esposa, la abogada Viviane Barci, tenía un contrato millonario con el Banco Master. Según el portal Metrópoles, su bufete no figura en la defensa de Vorcaro. “Durante la vigencia del contrato del despacho de su esposa con el banco, Moraes habría ejercido presiones sobre el Banco Central para que Master pudiera ser vendido al banco BRB (el Banco de Brasília, estatal, nda). Alexandre de Moraes negó enérgicamente haber hecho tales presiones, y ahí se detuvo. El ministro ni siquiera se dignó a dar explicación alguna sobre el contrato. Al parecer, Moraes no ve ningún problema en que la esposa de un ministro de la Corte Suprema reciba una fortuna digna de un premio de lotería de un banco profundamente involucrado en procesos judiciales, sin realizar nada compatible que sea visible a simple vista”, escribe Metrópoles. El juez abrió ayer una investigación bajo secreto de sumario para determinar si hubo una filtración de informaciones financieras sobre él y su esposa por parte de la Agencia Tributaria y del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), la unidad de inteligencia financiera del Gobierno Federal que actúa principalmente en la prevención y lucha contra el lavado de dinero.

Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los inversores. Tienen derecho al reembolso —que, sin embargo, aún no se ha efectuado— 1,6 millones de inversores del Banco Master, con pagos que totalizan 41 mil millones de reales (7,64 mil millones de dólares), equivalentes a un tercio de los recursos del Fondo Garantidor de Créditos (FGC), que ascienden a 120 mil millones de reales (22,35 mil millones de dólares). Los clientes que invirtieron en títulos cubiertos por el FGC serán reembolsados por sus inversiones en el banco solo hasta el límite de 250.000 reales (46.562 dólares) por persona o empresa. El FGC es un fondo financiado por los propios bancos que protege a los ahorradores en caso de quiebra o liquidación de una entidad financiera. El caso Master lo ha drenado, abriendo interrogantes cruciales sobre la necesidad de prevenir fraudes de esta magnitud. El caso Master también ha provocado pérdidas multimillonarias en fondos de pensiones municipales y estatales que habían invertido en bonos del banco. El Ministerio de Previsión Social ha establecido que estados y municipios deberán hacerse cargo de estas pérdidas. Si los fondos no son suficientes para pagar pensiones y prestaciones de los empleados públicos, los municipios y gobiernos estatales deberán complementar los importes. Una obligación que impactará enormemente en el gasto municipal y en su agenda de inversiones para la comunidad. Mientras tanto, los bancos de tamaño medio están asistiendo a una fuga de clientes hacia bancos más grandes en busca de mayor seguridad, modificando así rápida y no exenta de problemas el panorama bancario del país.