Es importante mencionar que no funcionará como un seguro de desempleo. Solo se pueden utilizar los fondos para indemnizaciones por despido sin causa, mutuo acuerdo de desvinculación y muerte del trabajador.

La administración de los fondos estará a cargo de entidades privadas autorizadas, sin que el Estado Nacional asuma responsabilidad alguna por la disponibilidad o suficiencia de los fondos.

Estos porcentajes podrán incrementarse, hasta 1,5% para grandes empresas y 3% para MiPyMEs, si así lo dispone el Poder Ejecutivo con aprobación del Congreso.

Además de las contribuciones obligatorias, el Fondo podrá recibir aportes voluntarios, donaciones y los ingresos derivados de inversiones realizadas por las entidades administradoras.

El empleador que demuestre que el saldo acumulado en su cuenta cubre las posibles contingencias podrá solicitar la suspensión de las contribuciones mensuales.

Cuando se presente una obligación de pago, el empleador deberá comunicarlo a la entidad administradora mediante una Declaración Jurada con los datos del trabajador y la liquidación correspondiente.

El régimen no modifica el esquema indemnizatorio vigente ni sustituye las obligaciones de los empleadores, quienes siguen siendo responsables de los pagos aunque el saldo del Fondo resulte insuficiente. Tampoco afecta los derechos de los trabajadores a reclamar sus créditos laborales por la vía judicial.