El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. "Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social", destacaron en un comunicado.

A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: "Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad".

La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.

Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.

"Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo", remarcó Macri desde sus redes sociales.

En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.

El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: "Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso". El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.

Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.

La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el "negocio de la pobreza" y la intermediación, sino que busca devolver la "dignidad" al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la "inserción laboral real y la transparencia" en la asignación de recursos, con la meta de "dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan".