La causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, Córdoba, continúa abierta tras seis años, con la reciente disposición de una reconstrucción in situ en el lugar del hallazgo del cuerpo. La Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Luciana Ardiles, ordenó un relevamiento integral en la zona donde se encontró a la joven, con la participación de equipos de Fotografía Legal, Planimetría Legal, Policía Científica y otras dependencias de la Policía Judicial de Córdoba.

Esta medida podría permitir el esclarecimiento de los movimientos de la víctima y de quienes participaron en el descubrimiento del cadáver. La familia de Basaldúa sostiene desde el inicio que el caso estuvo rodeado de irregularidades y posibles maniobras de encubrimiento y continúa reclamando justicia y verdad sobre lo sucedido.

Se señala la demora en la toma de testimonios clave, el cambio reiterado de fiscales a cargo de la investigación, la falta de preservación adecuada de la escena del crimen y el rechazo o desestimación de pruebas aportadas por la querella. Además, cuestionan que las primeras hipótesis estuvieron mal enfocadas. La familia sostiene que estas falencias han obstaculizado el avance de la causa y la identificación de los responsables.

Las nuevas medidas, adoptadas tras la incorporación de constancias recientes y elementos recabados durante la pesquisa, implican un relevamiento integral en las inmediaciones del arroyo Cabalumba, próximo a un basural. El trabajo lo llevan adelante equipos de Fotografía Legal, Planimetría Legal y Producción Audiovisual de la Policía Judicial de Córdoba, junto a efectivos de la Policía Científica de Cruz del Eje, Patrulla Rural, DUAR y Bomberos de la Policía provincial, responsables de garantizar registros técnicos exhaustivos, reconstrucciones espaciales y documentación integral del lugar, de acuerdo con datos proporcionados por ElDoce.tv.

Además de los peritajes en terreno, la Fiscalía solicitó órdenes judiciales sobre inmuebles y zonas específicas consideradas relevantes en la pesquisa, con el propósito de profundizar diferentes hipótesis y conducir la investigación por cada línea pendiente. El objetivo declarado es precisar circunstancias vinculadas al hecho y agotar todas las vías exploratorias, en busca de una resolución definitiva para el caso.

Cecilia Basaldúa tenía 35 años y, tras recorrer Latinoamérica como mochilera, llegó a Capilla del Monte en marzo de 2020. La cuarentena por la pandemia limitó sus opciones de alojamiento. Al principio, se hospedó en casitas junto al río, para luego instalar su carpa en el jardín de Mario Mainardi, un vecino que le ofreció un espacio en su terreno.

El 5 de abril de 2020 fue la última vez que se tuvo contacto con Cecilia. Mainardi realizó la denuncia por desaparición tres días después, lo que generó sospechas en la familia. El hombre sostuvo que Cecilia sufrió un "brote psicótico" antes de abandonar su vivienda. Sin embargo, la familia de la víctima niega esa versión y afirma que Cecilia no presentaba problemas de salud mental, por lo que insisten en que debe profundizarse la investigación sobre su rol en el caso.

Tras una búsqueda que se extendió por varios días, el cuerpo de Cecilia Basaldúa fue hallado el 20 de abril de 2020 en un descampado cercano al arroyo Calabalumba. La autopsia confirmó signos de agresión sexual y golpes. Las circunstancias del crimen no se saben con exactitud hasta el día de la fecha.

En los meses posteriores, la instrucción judicial avanzó sobre distintas hipótesis. Inicialmente, Lucas Bustos de 23 años, fue imputado y detenido, aunque la investigación no logró pruebas concluyentes que lo vincularan con la víctima. Su familia y organizaciones sociales lo consideran un "perejil", es decir, una persona incriminada sin fundamentos sólidos. Los análisis de ADN y otras pericias resultaron negativos, y el tribunal absolvió a Bustos en 2022.

En 2025, la causa tuvo un nuevo giro cuando el fiscal de Instrucción de Cruz del Eje, Nelson Lingua, ordenó la extracción de material genético de Mario Mainardi para su cotejo con las pruebas recabadas. Hasta ahora, las autoridades no han determinado con precisión cómo se produjo el asesinato. La recompensa por información útil para esclarecer el caso se elevó a 12 millones de pesos.