En la ciudad de El Alto, la Policía detuvo al dirigente campesino Vicente Salazar, principal referente de la Federación Departamental de Campesinos "Tupac Katari", en el marco de una investigación por las consecuencias de los bloqueos de rutas que durante más de siete semanas paralizaron Bolivia y generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de un saldo de al menos 16 personas fallecidas.

La aprehensión se realizó pasado el mediodía, cuando Salazar circulaba en un vehículo y, tras resistirse inicialmente, fue trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), en La Paz.

El Ministerio de Gobierno señaló que el dirigente figura como uno de los principales organizadores y convocantes de las protestas que se extendieron entre mayo y junio, en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La captura de Salazar se formalizó mediante una orden de aprehensión firmada por tres fiscales del Ministerio Público, quienes instruyeron la detención bajo estricta observancia de derechos y garantías constitucionales.

Los delitos imputados incluyen instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.

Según el Código Penal, las penas asociadas a estos cargos oscilan entre dos y 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito. La Fiscalía citó los artículos 130, 132, 133, 133 BIS, 213 y 214, que abarcan desde instigación hasta terrorismo y financiamiento al terrorismo. Tras su detención, Salazar quedó a disposición de los fiscales en la Felcc, aunque puede acogerse a su derecho a guardar silencio durante la declaración.

El conflicto que desembocó en la detención de Salazar tuvo como epicentro la federación campesina de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), cuyas acciones contaron luego con el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales. Durante más de 50 días, miles de manifestantes bloquearon vías estratégicas en distintas regiones del país para exigir la salida de Paz, quien asumió la jefatura del Estado en noviembre pasado.

La magnitud de las protestas provocó una crisis de abastecimiento en varias ciudades, con reportes de al menos 13 muertes por falta de atención médica oportuna y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones.

El presidente Paz, en discursos públicos recientes, calificó las protestas como un ataque impulsado por intereses ideológicos y políticos conspiradores, y aseguró que el retorno a la normalidad se logró sin derramamiento de sangre, aunque destacó la magnitud de las pérdidas sufridas por el país.

"Los conspiradores tienen que pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria. Parte de su mandato es luchar contra el terrorismo, como cóndores tienen varios mandatos y uno de esos es la lucha contra el terrorismo que ataque a Bolivia (porque)esto es un narcoterrorismo politizado que atacó a los bolivianos y ha causado más de 20 muertos, hombres y mujeres que no pudieron pasar (los bloqueos) en ambulancias y podrían haber sido familiares nuestros", aseguró.

(Con información de EFE y El Deber)