Rusia ha construido en los territorios ucranianos bajo su control un sistema institucionalizado de adoctrinamiento y militarización de menores que podría constituir un crimen de lesa humanidad. Esa es la conclusión central del informe presentado este jueves en Viena por expertos independientes designados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que estima en 1,6 millones el número de niños y jóvenes ucranianos expuestos a esas prácticas en Crimea y en las regiones orientales parcialmente controladas por Moscú.

El documento fue elaborado bajo el denominado Mecanismo de Moscú, un instrumento de la OSCE que permite a un grupo de Estados miembros encargar a expertos independientes la investigación de vulneraciones graves de los derechos humanos en un país participante. El mecanismo fue activado en mayo por 41 Estados, entre ellos Francia, Finlandia y el Reino Unido, en coordinación con Ucrania. Se trata de la sexta misión de este tipo desplegada desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, y la primera centrada específicamente en la situación de los menores en los territorios ocupados.

El investigador francés Hervé Ascensio, uno de los expertos designados, sostuvo ante el Consejo Permanente de la OSCE que el conjunto de medidas identificadas podría encuadrarse en el crimen de persecución como modalidad del crimen de lesa humanidad. Según Ascensio, no solo los niños son objeto de presión: también los padres y los docentes son señalados cuando intentan preservar la identidad ucraniana de sus alumnos o de sus hijos. La experta letona Elina Steinerte añadió que las autoridades prokremlin en los territorios ocupados remiten llamamientos a filas a jóvenes ucranianos a edades inferiores a las que rigen en la propia Rusia, y que varios jóvenes adultos entrevistados por el equipo habían abandonado sus hogares sin avisar a sus familias para escapar de la conscripción.

El informe, al que tuvo acceso la agencia AFP, detalla la red de campamentos de entrenamiento y las clases obligatorias de manejo de armas y drones impuestas a los niños en los territorios ocupados. Documenta asimismo casos de jóvenes adultos reclutados y enviados posteriormente a combatir en el frente. El equipo de expertos realizó trabajo de campo y entrevistas en Ucrania.

El sistema de militarización descrito en el informe se apoya en estructuras ya existentes en el territorio ruso. El movimiento juvenil militar-patriótico Yunarmiya —conocido como Ejército Joven y fundado en 2016 bajo el impulso del entonces ministro de Defensa Serguéi Shoigú—, se extendió masivamente a los territorios ucranianos anexionados en 2022.

Según datos de la BBC publicados en noviembre de 2025, solo en la región de Donetsk operan actualmente 180 unidades oficiales del Yunarmiya. Sus integrantes, que pueden tener apenas ocho años, reciben uniformes, realizan prácticas de tiro y son enviados a campamentos militares en Rusia durante los períodos de vacaciones escolares. Los niños que rechazan integrarse a estas estructuras sufren consecuencias: algunas escuelas han presionado a las familias bajo amenaza de multas o restricción de servicios educativos, según el Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación.

El fenómeno trasciende lo organizativo. En las aulas de los territorios ocupados, Ucrania es presentada sistemáticamente como un Estado neonazi cuya existencia como nación es negada, mientras Rusia es enseñada como una potencia que fue traicionada por el colapso soviético. A los alumnos se les instruye en el manejo y montaje de armas. Según datos de la Fiscalía General ucraniana, al menos 6.000 menores ucranianos fueron reclutados para el llamado Ejército Juvenil ruso entre 2019 y 2025. Kiev investiga además casos de jóvenes que, una vez alcanzada la mayoría de edad, combatieron del lado ruso contra Ucrania.

La magnitud del problema excede con creces las cifras de deportaciones. Kiev estima que 20.610 niños han sido trasladados al territorio ruso, pero la población expuesta a la militarización en los propios territorios ocupados es considerablemente mayor. La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale identificó en septiembre de 2025 al menos 210 instalaciones en Rusia y en el territorio ucraniano ocupado donde se han llevado a niños ucranianos y donde se documentan patrones de reeducación y militarización.

La comisión independiente de investigación de las Naciones Unidas determinó en marzo que las deportaciones y reubicaciones forzosas de menores ucranianos en Rusia se realizan de manera sistemática y generalizada, y que constituyen no solo crímenes de guerra sino también crímenes de lesa humanidad. La resolución aprobada en 2025 por la Asamblea General de la ONU sobre el retorno de los niños ucranianos, respaldada por la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos —integrada por 47 países y organizaciones—, refleja la creciente presión internacional sobre Moscú.

El informe presentado este jueves en Viena reclama que la cuestión de los menores figure en cualquier proceso de cese del fuego o negociación de paz, y que se abran corredores humanitarios que permitan la reunificación de familias separadas. Steinerte reconoció que Ucrania ha puesto en marcha algunos programas de reintegración para los niños que regresan, pero advirtió que la tarea pendiente es enorme. Con más de cuatro años de guerra y una generación entera que ha crecido bajo ocupación, la reconstrucción de identidad y de vínculos familiares se perfila como uno de los desafíos más complejos de cualquier escenario de posconflicto.