Las importaciones vinculadas a los proyectos adheridos al RIGI acumularon cerca de USD 460 millones hasta agosto y registraron un salto de unos USD 140 millones en ese mes, según una compilación de datos realizada por Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA).

La aceleración aparece en un momento de creciente tensión entre el Gobierno y la industria, que reclama alivio frente al costo argentino, mejoras de competitividad y reglas que preserven el desarrollo de proveedores locales.

El cruce entre ambas dinámicas quedó expuesto en la última semana durante el Día de la Industria. En la celebración organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), empresarios de distintos sectores respaldaron tanto el RIGI como el rumbo macroeconómico del Gobierno, pero advirtieron que la baja de la inflación y el orden fiscal no alcanzan para recomponer la actividad, el crédito ni el consumo.

En ese marco, el avance de las compras externas asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empezó a sumar un nuevo eje a la discusión, porque fueron en agosto más del doble del récord mensual previo y el equivalente a una porción sustancial de todo lo importado desde enero de 2025.

Aun con esa aceleración, el volumen importado todavía luce acotado frente a la magnitud total del régimen. Los USD 462 millones acumulados hasta agosto equivalen a casi 1% de los USD 47.073 millones de inversión comprometida por los 22 proyectos aprobados. Detrás de los anuncios y las aprobaciones, distintos análisis privados sostienen que el impacto sobre la economía real sigue siendo incipiente y que la discusión de fondo pasa por cuánto de ese despliegue podrá traducirse en obra, producción y proveedores locales.

La serie también deja ver que el proceso tuvo un arranque lento. Durante los primeros meses de 2025 los montos fueron reducidos y estuvieron concentrados en pocos proyectos. La curva empezó a empinarse desde septiembre del año pasado y mostró una aceleración más marcada en el segundo trimestre de 2026, cuando se amplió la cantidad de iniciativas que comenzaron a registrar compras al exterior.

En el detalle por proyecto, VMOS aparece como el principal importador dentro del universo RIGI. Según la compilación de Bernini, el desarrollo vinculado al oleoducto de Vaca Muerta acumulaba hacia agosto alrededor de USD 175 millones en bienes importados. Detrás se ubicaban Rincón Mining, con una cifra cercana a USD 63 millones, y GEAR, con alrededor de USD 68 millones.

Más atrás figuraban Luz del Campo, con un acumulado del orden de USD 40 millones; Sidersa, en torno de USD 34 millones; y TGS, con una cifra próxima a USD 30 millones. El grupo de "Otros" reunía importaciones por alrededor de USD 55 millones, lo que muestra que el mapa comenzó a diversificarse a medida que avanzó la ejecución de los proyectos aprobados.

El peso de VMOS -actualmente en el tramo final de la obra que ya está al 80%- en la serie ayuda a explicar parte del perfil sectorial de las importaciones del régimen.

Hasta ahora, la mayor parte de las compras externas estuvo ligada a proyectos de energía, minería y, en menor medida, siderurgia. Se trata de actividades intensivas en bienes de capital, equipamiento y componentes de alto valor unitario, con una demanda que muchas veces no encuentra oferta local suficiente en escala, plazo o especificaciones técnicas.

En el acto por el Día de la Industria, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, planteó que el sector necesita un puente entre la estabilización macroeconómica y la recuperación de la economía real, con foco en actividad, crédito, infraestructura, energía y competencia desleal.

En los pasillos del encuentro, varios empresarios también insistieron con el impacto del contrabando y de la mercadería subfacturada sobre los precios internos.

Según publicó Infobae en la cobertura del evento, el propio Rappallini advirtió que en algunos rubros los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado, y sostuvo que esa situación no puede considerarse libre competencia, sino una forma de competencia desleal. En ese clima, el despliegue de importaciones asociadas al RIGI añadió preocupación en ramas que buscan resguardar producción y empleo local.

La tensión, de todos modos, no pasa sólo por el volumen importado. Entre empresarios y especialistas aparece una pregunta más amplia sobre qué parte de esos grandes desembolsos puede canalizarse hacia fabricantes nacionales de equipos, bienes intermedios, servicios de ingeniería o montaje.

En otras palabras, el foco está puesto en cuánto derrame productivo puede quedar en la Argentina a medida que los proyectos aceleran.

La evolución de las compras externas también funciona como una medida indirecta de la competitividad local.

Cuando un proyecto de gran escala opta por abastecerse fuera del país, la decisión puede responder a razones tecnológicas, a exigencias de plazo o a la inexistencia de producción nacional equivalente.

Pero también puede reflejar brechas de costos, financiamiento, presión tributaria o escala que limitan la capacidad de la industria argentina para integrarse a esas inversiones.

Por eso, el debate sobre el compre local no se agota en una defensa cerrada del mercado interno ni en una discusión ideológica sobre importaciones. En muchos casos, remite a condiciones concretas de productividad, logística, infraestructura, acceso al crédito y régimen impositivo.

La pregunta de fondo es si la Argentina puede capturar una porción mayor del negocio que generan los proyectos del RIGI o si la mayor parte de esa demanda se canalizará hacia proveedores externos.