Concordia es la segunda ciudad más poblada de Entre Ríos, después de Paraná. Allí, el pasado 4 de septiembre, un operativo de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina terminó con una pareja detenida y el secuestro de 60 envoltorios de cocaína, dinero y celulares. La investigación comenzó con un dato: los sospechosos reclutaban cosecheros de cítricos, los trasladaban en colectivo a los campos y les entregaban droga como pago por su trabajo.

Los acusados son Sabrina Núñez y Matías Salina, ambos de 35 años, quienes posteriormente fueron procesados con prisión preventiva por comercio de estupefacientes.

"La investigación comenzó con información sobre la modalidad de pago a los empleados y la presunta venta de droga en la vivienda de la pareja", explicó una fuente policial vinculada al caso a Infobae.

A partir de esa pista, la PFA comenzó a investigar de oficio, con intervención de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de Francisco Bernhardt. La pesquisa también buscó establecer si existía una situación de trata de personas. "El reclutamiento, los traslados y las condiciones de precarización laboral motivaron esa línea de investigación", señaló la fuente. Sin embargo, según aclaró, no se reunieron elementos para avanzar con esa imputación.

La pareja recogía en un colectivo a entre 20 y 30 cosecheros en distintos puntos de Concordia y los trasladaba a quintas y campos de Chajarí y otras zonas de Entre Ríos. Allí realizaban tareas de cosecha de naranjas y mandarinas. Según la reconstrucción policial, al finalizar la jornada les entregaban dos o tres envoltorios de cocaína como pago.

"Se aprovechaban de su vulnerabilidad", sostuvo la fuente consultada.

Uno de los avances decisivos llegó cuando un cosechero aceptó declarar bajo identidad reservada. Su relato permitió profundizar la pesquisa y avanzar con la intervención de los teléfonos de ambos sospechosos.

Las escuchas, autorizadas judicialmente, se sumaron a las tareas de campo y los seguimientos. En las conversaciones aparecían referencias a "una bochita", "dos bochitas" y la frase "estamos preparando las bochitas", según detalló la fuente a este medio.

La investigación permitió reconstruir dos formas de distribución: la venta en la vivienda y la entrega de dosis a los cosecheros. De acuerdo con la fuente policial, la cocaína que llevaban en el colectivo para pagarles a los trabajadores estaba más rebajada que la que vendían en la casa.

Con las pruebas reunidas, se decidió actuar sobre la vivienda y el colectivo al mismo tiempo. La jueza federal Analía Ramponi ordenó la intercepción del transporte y el allanamiento del domicilio.

Tras las detenciones, los dos acusados fueron convocados a prestar declaración indagatoria. Ambos se negaron a declarar, según confirmó la fuente policial.

Posteriormente, Ramponi dispuso sus procesamientos con prisión preventiva por comercio de estupefacientes. Los dos permanecen detenidos en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú.

Según publicó Concordia Policiales, la magistrada también ordenó embargos por más de cinco millones de pesos sobre los bienes de cada uno.