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25 de octubre de 2026

Boquetes, pasillos con rejas y vigías armados en los techos: allanaron un edificio de Mar del Plata tomado por una banda delictiva

La Policía Bonaerense detuvo a 13 personas y secuestró armas, droga y municiones en un complejo habitacional del noreste de la ciudad. El lugar, que presenta graves problemas estructurales y eléctricos, era usado como búnker por la organización criminal

Un operativo en un complejo de viviendas de la ciudad de Mar del Plata terminó con 26 departamentos allanados, 13 detenidos y el secuestro de ocho armas, droga y municiones. La investigación puso el foco en dos edificios que funcionaban como búnker para una banda de delincuentes investigada por distintos delitos: narcomenudeo, usurpaciones, robo de vehículos, amenazas y extorsiones, entre otros.

El procedimiento se realizó este viernes en las llamadas torres Etchepare, ubicadas en la zona de Pasaje Venezuela al 50 y 60. Allí, en las torres 1 y 2 del complejo, la Policía encontró 770 envoltorios de cocaína y 70 de marihuana, además de armas de guerra, armas de uso civil y tumberas.

Los videos y fotos incorporados a la causa muestran un entramado de accesos cerrados con rejas, pasillos con escasa iluminación, boquetes en los que se hallaron drogas, cámaras de seguridad instaladas estratégicamente dentro del complejo y ventanas desde donde los ocupantes observaban los movimientos en el exterior. También se vieron vigilantes armados en las terrazas de los edificios, preparados para alertar sobre la presencia policial.

El lugar estaba tomado por una organización autodenominada "Los Coppelos". Según fuentes judiciales y policiales, la banda usaba departamentos y otros sectores internos del complejo como punto de encuentro antes de salir a robar y para fraccionar y vender drogas, con modalidad delivery. Eso no era todo: allí también ocultaban armas y objetos sustraídos, especialmente autopartes.

Tras reiteradas denuncias por hechos delictivos en la zona y unas 190 llamadas al 911 por disparos en las torres Etchepare, hace cerca de un año se inició la larga investigación que desembocó ayer en la llegada de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense al lugar. La causa está en manos de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 de Mar del Plata. La fiscalía había pedido 35 órdenes de allanamiento, aunque el juez Gabriel Bombini, del Juzgado de Garantías Nº5, autorizó 26.

Además de la droga mencionada, los procedimientos arrojaron la incautación de dos escopetas calibre 12/70 con numeraciones suprimidas; un revólver calibre .44; dos armas de fabricación casera tipo "tumbera"; dos revólveres calibre .32 y uno calibre .38, ambos con numeraciones suprimidas; municiones de distintos calibres y una granada de mano de gas CS, sin signos de detonación.

Los agentes también secuestraron teléfonos celulares, dinero, tres motos y otros objetos que serán analizados para establecer los vínculos entre los sospechosos y determinar si existen conexiones con otros delitos.

El operativo contó con un despliegue aproximado de 1.000 efectivos policiales, con participación de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado y la colaboración de personal de las Superintendencias de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), Cuerpos, Seguridad Siniestral, Seguridad Rural y de la Dirección de Explosivos y demás áreas operativas intervinientes.

Los 13 detenidos iban a ser indagados durante el fin de semana.

Por otra parte, tras los allanamientos, bomberos y personal especializado realizaron un relevamiento en las torres. El informe detectó deterioro en la estructura, con desprendimientos de hormigón y mampostería, hierros expuestos en columnas y vigas, filtraciones de agua y cielorrasos dañados.

También advirtieron problemas en las instalaciones eléctricas, como cables expuestos, conexiones precarias y falta de protecciones en el tablero general. A eso se sumaron la ausencia de extintores, señalización e iluminación de emergencia, obstáculos en los pasillos, residuos acumulados y agua estancada.

Ante esta situación, las torres quedaron bajo custodia policial y se prevé una evaluación técnica sobre su estado estructural, mientras organismos de asistencia social analizan las necesidades de las familias que vivían allí.

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