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8 de noviembre de 2026

Crisis en Paraguay: Santiago Peña permanecerá en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción

El ex presidente fue recluido luego de que la Justicia considerara necesaria la medida para asegurar su comparecencia en la causa. El nuevo mandatario Pedro Alliana ya organizó su gabinete y anunció sus prioridades para respaldar a los afectados por Ueno Bank

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva del ex presidente Santiago Peña, quien permanecerá recluido en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción, tras su destitución por el Senado en el marco de la crisis que derivó del cierre de Ueno Bank.

La medida alcanzó al ex mandatario luego de su imputación por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. Peña había perdido la Presidencia el viernes, cuando los senadores lo declararon culpable de "mal desempeño de funciones".

El fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez, precisó que ambos hechos punibles, "en su modalidad agravada", contemplan penas de hasta 10 años de cárcel. La investigación se centra en la administración de recursos públicos y previsionales dentro de la entidad financiera.

El ex mandatario compareció ante la Fiscalía General con un pantalón y una campera azul oscura, prendas acompañadas por una camisa blanca, y escoltado por un grupo reducido de custodios. Las autoridades trasladaron la diligencia a esa sede ante la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, mientras periodistas y personas afectadas por la situación de Ueno Bank se concentraban en el lugar.

La imputación sostiene que el ex presidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en el banco. El expediente agrega que Peña "habría mantenido una relación económica y corporativa previa" con Ueno Holding, el grupo empresario al que pertenecía la entidad financiera.

Según el documento fiscal, el entonces mandatario tenía acciones que equivalían al 1,58% del capital de Ueno Holding, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en Itti. Las tres compañías formaban parte del Grupo Vázquez. La acusación impulsada por los diputados que promovieron el juicio político indica que Peña vendió esa participación en marzo de 2025, ya durante su mandato presidencial. Luego de la audiencia de imposición de medidas, Otazú justificó la resolución al considerar que el ex jefe de Estado "debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento".

El proceso contra Peña ocurre después de la intervención y posterior resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia. La situación alcanzó a unos 2,94 millones de clientes, incluidos ahorristas particulares, jubilados y organismos públicos que mantenían depósitos e inversiones en la entidad.

Mientras el ex mandatario permanece detenido, el presidente Pedro Alliana, quien ocupaba la Vicepresidencia, comenzó su gestión con reuniones en el Palacio de López. El abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y la restitución de fondos a los afectados por Ueno figuran entre los asuntos iniciales de su administración.

El presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta, informó que 1.196.000 personas ya cobraron la garantía estatal. Los pagos sumaron 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a USD 160 millones, según las cifras presentadas tras los primeros dos días de desembolsos.

Las transferencias comenzaron el jueves. Varios bancos abrieron el sábado para facilitar la creación de nuevas cuentas para los clientes perjudicados por Ueno. El nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, anticipó que el Ejecutivo acudirá a países "aliados" para rastrear los fondos administrados por la entidad financiera y "saber dónde está el dinero".

Alliana también avanzó con las primeras definiciones de su gabinete. El abogado Ariel Martínez asumió como ministro del Interior y Rolando de Barros quedó al frente del Gabinete Civil. En un comunicado, la Cancillería sostuvo que el nuevo Gobierno salió "fortalecido de esta crisis puntual" y señaló que la respuesta de las instituciones confirma que en Paraguay "rige el Estado de derecho". Alliana también ratificó en X su intención de "seguir fortaleciendo" la alianza estratégica con Estados Unidos.

(Con información de EFE)

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