22 de noviembre de 2024
El Gobierno solicitó que sean desalojadas las instalaciones de la Universidad Madres de Plaza de Mayo que eran usadas como un boliche clandestino

El segundo y el tercer piso del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89 fueron cedidos en enero de 2018 al instituto educativo fundado por Hebe de Bonafini. En el lugar también funcionaban locales partidarios vinculados al kirchnerismo. “Este Desvío afecta la moralidad pública y los intereses de los ciudadanos”, se afirma en la denuncia que realizó el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona
El pedido de desalojo lo realizó el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ya que el inmueble pertenece a su cartera. Ayer, apenas se difundieron los allanamientos que sobre el lugar realizó la Policía Federal Argentina, desde la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) sostuvieron que esos espacios no pertenecían al Instituto fundado por Hebe de Bonafini y el parricida Sergio Schoklender. Y se intentó instalar la versión de que “una vez más la UNMa fue atacada” por la administración de La Libertad Avanza.
Tan cierto como eso es que “el 19 de enero de 2018, y mediante la Resolución RESFC-2018-28-APN-AABE#JMG”, el Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos le “asignó el uso al Instituto Universitario Nacional De Derechos Humanos ‘Madres De Plaza De Mayo’ los sectores del inmueble propiedad del Estado Nacional, en jurisdicción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 2749/ 89, correspondiente al Segundo Piso y Tercer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En ese mismo acto, las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en conformidad con los representantes del Instituto Universitario, por entonces a cargo de Hebe de Bonafini, se “revocaron” los permisos de uso de inmuebles previamente otorgados a organizaciones civiles que funcionaban en ese mismo espacio. En concreto, se revocó “el permiso de uso precario y gratuito otorgado por la Disposición Nº 202, de fecha 20 de julio de 2005, del entonces Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) a la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur”.
También se revocó, en favor del Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, “el permiso de uso Nº AF- 000245 de fecha 8 de agosto de 2012, otorgado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, a Favor de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV)”, que también lideraba -y lo hace- el líder piquetero Luis D’Elía.Nada de eso sucedió. El inmueble siguió ocupado por otras organizaciones, se instalaron familias que nada tenían que ver con el Instituto educativo, que lo alquilaban “para hacer fiestas privadas y que, tal surge de la denuncia de Cúneo Libarona también: “Se ha observado que las personas que hoy practican actividades dentro del inmueble han utilizado y aprovechado de manera irregular los bienes y servicios públicos, violando los principios de administración pública, y perjudicando los intereses del Estado y de la comunidad. Vulnerando las disposiciones que regulan la cesión y la utilización del inmueble en cuestión, las personas a cargo de su administración”.
Más aún, la presentación judicial afirma que “se han autorizado, consentido e incluso facilitado la instalación en el predio de un número indeterminado de individuos; quienes, sin ninguna clase de control ni autorización formal, han desarrollado actividades personales y políticas de diverso tipo dentro de sus instalaciones. Esas actividades, cabe señalar, son absolutamente incompatibles con el destino para el que el inmueble había sido originalmente asignado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado”.Entre esas “actividades” se incluyen, según lo constatado por el personal del Ministerio de Justicia y ahora la Policía Federal Argentina: “Por ejemplo, la instalación de un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), situación que se torna insostenible cuando se observa que el espacio ha sido utilizado no solo para este fin, sino también para actividades completamente ajenas a la naturaleza del inmueble, tales como la instalación de viviendas familiares y stands políticos, entre otros”.En este punto la denuncia a la que accedió este medio destaca que: “Un ejemplo particularmente llamativo es la ocupación del tercer piso del inmueble por parte de la ‘familia Vázquez’, quienes se han instalado en el lugar de manera irregular, utilizando el espacio para fines residenciales. Cabe recordar que este inmueble fue cedido a este Ministerio en el año 2018, específicamente para la instalación de la sede del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos ‘Madres de Plaza de Mayo, lo cual contrasta profundamente con la utilización que actualmente se le da hoy en día”.
Particularmente irregular resultó ser la utilización de un bien del Estado, cedido a un Instituto Universitario fue descubrir que “en el tercer piso del edificio se instaló un establecimiento bailable”. En el acta, los funcionarios lo describen así: “Este espacio, acondicionado con luces, parlantes, telones, sillas y mesas, se encontraba perfectamente dispuesto para funcionar como un lugar de entretenimiento nocturno. Dentro de este espacio incluso se advirtió la presencia de una barra de atención al consumidor, en el que se comercializaban alimentos, bebidas alcohólicas y gaseosas, lo que configura una violación flagrante no solo de las condiciones de uso del inmueble, sino también de las leyes sanitarias”.Además de este uso residencial indebido, el inmueble alberga asociaciones y grupos de diversa índole, algunos de los cuales tampoco cumplen con el propósito original de la cesión. Entre ellos, recuerda la presentación judicial “se encuentra, por ejemplo, la “Asociación de los Haitianos Viviendo en la Argentina” (OHVA) y la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA). Esta última tiene un horario de atención extremadamente limitado, de apenas tres horas diarias, de 15:00 a 18:30, lo que genera serias dudas sobre la efectividad de la gestión y el uso del espacio cedido. Ignoramos si concurren al lugar y si reciben un sueldo por su supuesta labor y de quién”.Por estas y otras razones que se expusieron en el largo texto que recayó en el juzgado Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Romilda Servini y la Fiscalía Federal 4, a cargo de Carlos Stornelli, el Ministerio de Justicia solicitó a a la Justicia cuatro medidas: