Frigerio corrió a la administración sindical e intervino la obra social de Entre Ríos

11 de diciembre de 2024

Frigerio corrió a la administración sindical e intervino la obra social de Entre Ríos

La decisión se tomó en medio de una merma significativa de los servicios y un déficit creciente. El Gobernador colocó al frente a Mariano Gallegos, ex vice de la obra social de la ciudad de Buenos Aires

>Rogelio Frigerio cortÃ³ por lo sano y decidiÃ³ intervenir el Instituto de Obra Social de la provincia de Entre RÃos (IOSPER), un organismo descentralizado administrado por un directorio sindical desde principios de siglo.

La segunda razÃ³n es que la administraciÃ³n Frigerio siempre vio al IOSPER como una â€œcaja negraâ€ de la polÃtica. La obra social es monopÃ³lica en la prestaciÃ³n de servicios de salud de funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de los tres poderes. Tiene una clientela cautiva de casi 300 mil personas que aportan el 3% de sus haberes.

CaÃ±ete renunciÃ³ el martes por la noche y este miÃ©rcoles por la maÃ±ana el Ejecutivo anunciÃ³ el desembarco de la intervenciÃ³n. La primera medida a tomar serÃ¡ ordenar una auditorÃa del IOSPER para tener una idea real de cÃ³mo estÃ¡ el organismo.

Las rendiciones de cuentas, ademÃ¡s, llegaban a destiempo. Las de agosto fueron remitidas a la ComisiÃ³n el 15 de octubre, por caso.

Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta a la hora de dictar el decreto de intervenciÃ³n. Al frente del proceso, Frigerio designÃ³ a Mariano Gallegos, abogado porteÃ±o. Fue vicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Y tuvo a su cargo el Plan Nacional de Abordaje integral del Ministerio de Desarrollo Social de la NaciÃ³n. EstarÃ¡ acompaÃ±ado de Marina Alegre como subinterventora.

La administraciÃ³n sindical de la obra social se definiÃ³ por votaciÃ³n directa de los afiliados divididos en siete estamentos. Estos son: activos del Poder Judicial y Legislativo, empleados del IOSPER, activos del Poder Ejecutivo, docentes, municipales, pasivos y activos y retirados de la policÃa.

Durante el gobierno de otro peronista, Gustavo Bordet, el Estado restituyÃ³ los aportes patronales al 6%. En 1994 se habÃan reducido al 4%. Sin embargo, el ingreso extra de fondos no logrÃ³ torcer el rumbo de una obra social que no podÃa garantizar servicios bÃ¡sicos. La entrega de prÃ³tesis puede demorar 3 meses. Y el pago de prestaciones por discapacidad hasta 4. Para tener cobertura, los afiliados debÃan recurrir a la vÃa judicial: en septiembre, las erogaciones por acciones legales llegaron a $ 868 millones.