>Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revela irregularidades financieras, importantes retrasos y problemas en la implementación de los programas Reactivar y Reconstruir, que dependían de la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conducía Jorge Ferraresi, destinados a reactivar y finalizar la construcción de viviendas “paralizadas durante el Gobierno de Mauricio Macri“, según había denunciado el entonces presidente Alberto Fernández. El trabajo abarca el período comprendido entre enero de 2021 y febrero de 2023. La administración saliente destinó $52.920.625.645 para esos trabajos. Sin embargo, se determinó que la administración del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, no finalizó las 55 mil viviendas prometidas para 2023. De hecho, el 31% de las viviendas ingresadas para su tratamiento aún no han sido aprobadas ni avanzadas en su ejecución.

De acuerdo con el informe de la SIGEN, desde el inicio del Programa Reconstruir se registraron 20.829 viviendas ingresadas a la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat por parte de provincias y municipios, de las cuales 14.246 se encuentran aprobadas y en distintas etapas de ejecución. Sin embargo, 6.583 viviendas permanecen en evaluación, lo que representa un 31% del total. Este retraso en la concreción del programa ha sido señalado como uno de los principales problemas, junto con demoras significativas en la ejecución y el inicio de las obras.

El informe al que accedió Infobae destaca que muchas de las obras “presentan atrasos considerables en su ejecución, incumpliendo los plazos establecidos en los convenios y planes de trabajo firmados entre el área auditada y los entes ejecutores”. En promedio, las obras tienen un plazo de entre 6 y 12 meses para completarse, pero en 22 de los 62 expedientes analizados, que comprenden 756 viviendas, se detectaron atrasos que oscilan entre el 30% y el 80%.

Además, se identificaron demoras en el inicio de las obras. De un total de 30 expedientes analizados en estado “a iniciar”, 16 presentaron retrasos en el comienzo de los trabajos, con demoras que varían entre 45 y 90 días. La auditoría también señala que, aunque las obras finalmente comenzaron tras las intimaciones correspondientes, “los anticipos financieros otorgados para su inicio perdieron eficacia debido al tiempo transcurrido, lo que afectó los objetivos previstos”.

Un caso destacado es el expediente EX-2021-37109275-APN-DGDYD#MDTYH, correspondiente a la construcción de 240 viviendas en el barrio Montecarlo, en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Este proyecto, que ya cuenta con un avance físico y financiero del 99%, adeuda la rendición de cuentas final por el 10% del monto total, equivalente a $604.275.381,51. Según el informe, no consta en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) “ninguna intimación por parte de la Secretaría para regularizar esta situación”.

En el marco del Programa Reactivar, también se identificaron tres obras con un avance financiero promedio del 100% que tampoco cuentan con rendiciones de cuentas registradas en el sistema GDE. Aunque la Dirección de Certificaciones y Liquidaciones proporcionó un archivo que indica que estos expedientes están rendidos, esta información no se encuentra vinculada a los expedientes madre en el sistema, lo que genera inconsistencias administrativas.

El informe concluye con una serie de recomendaciones para abordar las irregularidades detectadas. Entre ellas, se sugiere implementar medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos de obra, agilizar los procesos administrativos y reforzar el seguimiento de las rendiciones de cuentas. También se insta a vincular la información proporcionada por la Dirección de Certificaciones y Liquidaciones con los expedientes en el sistema GDE, a fin de registrar correctamente el cierre de los convenios ya rendidos.

El análisis realizado por la SIGEN puso una vez más de manifiesto la deuda de las políticas gubernamentales para resolver el déficit habitacional en el país. Las demoras en la ejecución y el inicio de las obras, junto con las irregularidades en las rendiciones de cuentas, no solo afectan la eficiencia de los programas, sino que también comprometen la confianza en los procesos administrativos y financieros. Según el informe, miles de familias que esperaban su techo, aún lo siguen haciendo.