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2 de mayo de 2025

La agenda urgente del nuevo secretario de Transporte: desregulación, un paro y $87.000 millones en subsidios por mes

A días de una huelga de choferes de colectivos, el lunes habrá una audiencia ante el Gobierno para buscar una salida. Sorpresa entre empresarios por la salida de Franco Mogetta y expectativa por las medidas que vienen

>El cambio de secretario de Transporte, que tendrá lugar en los próximos días tras las salida de Franco Mogetta, uno de los funcionarios que iniciaron su mandato junto con el del presidente Javier Milei, se dará en un contexto crítico que será un conflicto entre empresas y gremios de colectivos por una tajada de subsidios que el Ministerio de Economía sostiene con mano de hierro.

Se trata de una discusión que contempla unos 87 mil millones de pesos mensuales de subvenciones que cubrir el costo de funcionamiento del sistema de transporte de colectivos que dependen de la jurisdicción nacional. La columna vertebral del ida y vuelta constante, de todas formas, versa sobre cómo está diseñada la propia estructura de costos que termina por definir cuándo dinero provendrá desde el presupuesto público.

Entre los empresarios del sector automotor hubo sorpresa por la salida inesperada de Mogetta, un funcionario que se había mostrado con buena sintonía con el jefe del Palacio de Hacienda Luis Caputo, que era su superior directo en el organigrama.

Como informe de balance de gestión de Mogetta, la Secretaría de Transporte informó que en el segmento de transporte automotor se implementó un “ordenamiento y eficientización de subsidios” junto con la “corrección de inequidades”, lo que incluyó el traspaso de competencias a las jurisdicciones que correspondía.

Según el documento, “Nación dejó de administrar el transporte de CABA y PBA que no le correspondía” y se concretó “el traspaso de las 31 líneas de colectivos a CABA, dejando de subsidiarlas, así como también se dejó de subsidiar las líneas municipales de la provincia de Buenos Aires”.

También se implementaron medidas para mejorar la eficiencia del sistema. Se eliminaron “subsidios que no se revisaban y no tenían sentido” y se registró una “reducción del parque móvil: 1.637 colectivos menos”. La actualización del esquema de subsidios apuntó a evitar prácticas como la circulación de unidades únicamente para percibir subsidios de gasoil. Según el documento, se aplicó un “nuevo cálculo de subsidios a las empresas” y una “eficientización de frecuencias”.

Entre las empresas consideran que el trabajo técnico que hizo Mogetta y su equipo fue bueno, pero que los límites de la política económica de este gobierno, que son muy estrictos en lo fiscal, evitaron que las tarifas de transporte público tengan una recomposición tarifaria mayor como las que tuvo la energía.

En cuanto a las compensaciones, “el gobierno nacional continúa con una política de reducción de subsidios mediante su licuación frente a la inflación”, consideró esa entidad. Según sus estimaciones, entre octubre de 2024 y junio de 2025, el monto total mensual de subsidios nacionales pasará de $78.000 millones a $87.000 millones, lo que representa un incremento de solo 11%, frente a una inflación esperada de 21% para el mismo período.

Por su parte, un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (Conicet) planteó que el recorte de las transferencias destinadas al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte —principal canal de financiamiento para el transporte automotor— fue del 24% en términos nominales y del 54% en términos reales.

La brecha entre el costo estimado por el IIEP y el monto reconocido oficialmente implica que la diferencia debe ser absorbida por el Estado mediante subsidios. Esta diferencia técnica representa una fuente persistente de tensión presupuestaria, más aún cuando se señala que la convergencia reciente entre ambos valores no obedece a una actualización realista de precios, sino a “un pronunciado ajuste en los pasajeros transportados considerados para los meses de enero y febrero de 2025”​.

Además, se destaca que “los servicios del interior muestran una cobertura tarifaria del orden del 30%, similar a la que exhiben los servicios del AMBA”, lo que sugiere una dependencia generalizada de subsidios, aunque con diferencias regionales notables. La cobertura tarifaria del sistema ferroviario, por su parte, alcanza apenas al 5% y podría deteriorarse aún más si se mantiene el congelamiento de tarifas​.

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