13 de julio de 2025
Clima de Negocios: En medio de la furia del Gobierno con los “buitres domésticos”, se esperan horas decisivas en el juicio por YPF
La causa que lleva adelante la jueza estadounidense Loretta Preska tendrá fuertes novedades en el comienzo de la semana. El Gobierno espera malas noticias
>El Gobierno argentino se enfrentó en los últimos días a una nueva etapa crítica en el juicio por la expropiación de YPF, la cada vez más problemática causa que se tramita en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de Loretta Preska. Y las horas que vendrán prometen ser más intensas aún.
Después del fallo adverso en primera instancia, en 2023, Argentina apeló y ese es un expediente de trámite lento en el que no hay mayores novedades aún. En paralelo, Burford Capital, el bufete de abogados inglés que compró los derechos a litigar en este caso y que es el principal beneficiario de la sentencia, presentó una serie de medidas para intentar cobrar (y también, seguramente, para meter algo de ruido para llamar la atención de Milei y sus funcionarios). La Justicia estadounidense así lo permite: la apelación no frena la sentencia, que se puede ejecutar en cualquier momento.
Burford -al que muchos lo definen como un “fondo buitre” por su estrategia y accionar, aunque técnicamente no lo sea- pidió embargos, que se estudie si el Estado local y la empresa son “lo mismo” (la figura del alter ego) y hasta exigió quedarse con las acciones de YPF en manos de Argentina (51%) como parte de pago. El jueves y el viernes hubo una serie de movimientos, presentaciones cruzadas y órdenes en el estrado de Preska, quien definirá mañana cómo deberá seguir la entrega de la mayoría accionaria a Burford. Vale reiterarlo: en el Gobierno no son nada optimistas.Preska decidirá este lunes si suspende su propia orden de entregar las acciones a Burford mientras Argentina apela, pero su decisión de que eso ocurra está firme. En un gesto que algunos vieron como un desaire, el país acudió directamente a la Corte de Apelaciones.¿Qué se espera de la decisión de Preska de mañana? En medio de un amplio menú de opciones, que puede haberse alterado con las idas y vueltas de fines de la semana pasada, la jueza podría aceptar el stay, un freno momentáneo a su propia decisión.Un paso más sería, directamente, exigirle al país esa garantía: el no cumplimiento inmediato representaría un desacato. En ese escenario de máxima con “condiciones”, están centradas las preocupaciones del Gobierno, como quedó plasmado en una de las presentaciones de la semana pasada.
“La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte de EEUU ya estábamos en default. Cristina Kirchner era presidenta y el impacto a nivel mundial fue mínimo porque estábamos aislados del mundo. Ahora sería diferente. Entiendo que antes van a tratar de frenar el tema, si no es negociando con algún depósito. Es correcto agotar todas las vías legales, pero mientras tanto se debería hacer algún tipo de control de daños. No es debilidad sentarse a negociar, todo lo contrario. Es mostrar que interesa resolver un problema”, destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los especialistas que sigue el caso desde su inicio. Hay otra opción intermedia que podría estar sobre la mesa: una suerte de garantía “congelada”: se deposita una suma importante en bonos en lo que se llama una escrow account (una cuenta especial en EEUU que maneja la Corte) y se frena la entrega de acciones hasta que haya una resolución o una eventual negociación. No es un pago y requiere de autorización del Congreso.En medio de las tensiones y el malestar creciente por el caso, el Gobierno puso en la mira a quienes denomina “buitres domésticos”. Políticos, analistas, empresarios y exfuncionarios integran la lista. El más notorio de los señalados por LLA es el gobernador Axel Kicillof, quien como viceministro de Economía encabezó la expropiación en 2012 y “Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen desde Casa Rosada.“Son indignantes las operetas de los ‘buitres domésticos”. Deberían llamarse a silencio. En la presentación que hacen los demandantes hay un anexo enorme donde, textualmente, van poniendo lo que dijo Kicillof. Usan su defensa en contra del país, parecen no necesitar otros argumentos. Además, por distintas vías, se intenta instalar que hay grietas entre los funcionarios que están a cargo de fijar las estrategias para este caso y ocurre todo lo contrario, hay un gran trabajo en equipo y alineación total”, agregaron.El jueves pasado, Argentina inició el proceso formal de apelación a la orden dictada por Preska sobre la entrega de las acciones de YPF (mientras la jueza analizaba otro pedido: suspender su propio fallo).
Cómo Preska convocó a las partes a una audiencia el martes para otro capítulo de la demanda, el alter ego, Argentina entendió que se iba a demorar su primer pedido y acudió directamente a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En todos los escritos dejó claro que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU si la Cámara de Apelaciones no suspendiera la orden antes del lunes 14 de julio.No son argumentos nuevos: Preska ya los consideró a todos. ¿Podría hacerlo nuevamente de manera diferente? Sí, podría, pero las chances parecen muy bajas.
El juicio se inició a partir de la decisión del Gobierno argentino, en 2012, de expropiar el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. En ese momento, la administración de Cristina Fernández de Kirchner aprobó una ley en el Congreso que autorizó la operación, en base a un supuesto interés nacional. Sin embargo, según la estructura legal de la empresa, cualquier adquisición de ese tipo requería una oferta pública de adquisición a todos los accionistas minoritarios.En septiembre de 2023, Preska falló en contra de país, determinando un pago de USD 16.000 millones por no haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de expropiar la empresa. En ese dictamen, la jueza consideró que la conducta del Gobierno argentino vulneró las reglas corporativas de la petrolera y perjudicó a los accionistas privados.
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