20 de diciembre de 2025
Reforma laboral: qué cambios propone el Gobierno para los juicios y cuáles son los puntos que generan más dudas
Las empresas afirman que una de las mayores dificultades que atraviesan es el nivel de litigiosidad. Cuál es el plan del Gobierno para resolver la problemática
>El proyecto de Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el stock de juicios laborales pendientes asciende a 637.330 expedientes. De ese total, 308.082 corresponden a causas por riesgos del trabajo y 329.248 a juicios por despido, las dos principales fuentes de litigiosidad en este ámbito.De este modo, en relación con los aproximadamente 6,3 millones de asalariados registrados en el sector privado, el volumen de juicios en trámite equivale a cerca del 10% de los trabajadores.Por otro lado, este año, la cantidad de demandas iniciadas en el Sistema de Riesgos del Trabajo alcanzó Fuentes empresarias resaltaron algunos de los principales puntos que se modificarían si la iniciativa pasa el filtro legislativo. En términos generales, el texto oficial establece un régimen legal para la actualización de los créditos laborales, habilita —con control judicial— el pago de sentencias en hasta 12 cuotas para las pymes y aclara expresamente que la base de cálculo de la indemnización excluye conceptos no mensuales, como vacaciones, aguinaldo o premios no habituales, lo que acota los márgenes de reclamo.
Walter Mañko, abogado y socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte, aseguró que, tal como está escrita, la reforma tiene como objetivo eliminar posibles discrecionalidades en los tribunales.
El especialista enumeró los cambios procesales más importantes que empezarán a regir a nivel nacional de aprobarse el proyecto:
- Alejandro Rossi, profesor del departamento de derecho laboral de la Universidad Austral, agregó: “En materia de intereses en los juicios laborales, al tender a fijarlos en ‘lo menos posible’, la propuesta ignora la realidad inflacionaria estructural. Un interés bajo o fijo desincentiva el acuerdo y alarga los litigios, ya que el paso del tiempo licúa el valor de la condena. Históricamente, esto ha generado una práctica donde extender el juicio resultaba conveniente para la parte empleadora”.Sucede que, de acuerdo a la explicación del especialista, la normativa dispone que, para los juicios en trámite, los intereses se van a calcular en función de una tasa que determinará el Banco Central, probablemente tomando como referencia una tasa bancaria activa o pasiva, como las del Banco Nación u otra entidad similar.
Mañko apuntó: “Argentina tiene, por naturaleza, un nivel alto de litigiosidad, especialmente en el ámbito laboral. En ese contexto, cada cambio que se intenta introducir suele suscitar resistencia y habilita que muchos abogados presenten cuestionamientos de inconstitucionalidad”.
En elEn tanto, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), se refirió puntualmente a la introducción de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones. La iniciativa prevé un aporte mensual obligatorio del 3% de las remuneraciones a cargo de los empleadores, calculado sobre la misma base que las contribuciones patronales al SIPA y compensado con una reducción equivalente en ese concepto.
Aunque ve con buenos ojos la medida, ya que cree que reducirá la cantidad de litigios por indemnizaciones dado que estarán garantizadas, tiene dudas sobre su instrumentación.Rosato afirma que resta detallar si los empleados van a poder acceder a esos aportes pese a no ser desvinculados. “Otorgar este beneficio le daría armonía y aceptación al proyecto”, sostiene.
En las últimas semanas se conocieron algunos casos de juicios laborales millonarios, que resultan difíciles de afrontar para pequeñas y medianas empresas. Los empresarios involucrados manifiestan que la situación los deja al borde de la quiebra.
El monto original que Chinkies debía abonar era de $9.429.176,61, cifra que se incrementó debido a los intereses y las multas.
Por otro lado se encuentra el caso de Naranja mandarina, una pyme de Junín dedicada a la fabricación y venta de ropa para niños, que cuenta con tres empleados y actualmente atraviesa una crisis a raíz de una sentencia de la justicia bonaerense que obliga a sus dueños a pagar la suma de $190 millones e impone un embargo de $330 millones, lo cual supera por lejos su facturación anual.
El conflicto comenzó cuando un revendedor se presentó ante la Justicia laboral sosteniendo que había sido un “empleado despedido”, una postura que fue convalidada por el tribunal al considerarlo viajante de comercio.La cifra inicial a pagar era de aproximadamente $3 millones pero se incrementó exponencialmente por los intereses aplicados.
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Leo
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