El próximo capítulo del tarifazo permanente corresponde al servicio de agua potable que presta AySA, con una suba de 22 por ciento que incluye a quienes vienen pagando la tarifa social. Pero además, de los 3,2 millones de usuarios de la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano, casi la mitad deberá cargar con un ajuste adicional por la quita progresiva del subsidio de 25 por ciento, con lo que a fin de año pagarán un 63 por ciento más que ahora.

La medida, según trascendió, entraría en vigencia en abril próximo. “Es un ajuste socialmente regresivo, porque los que reciben ese subsidio viven en áreas de pobreza”, le dijo a “Crónica” el director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada.

“No se trata sólo del 20 por ciento -explicó-, sino de que esto se suma al ajuste del año pasado, que fue de casi 300 por ciento. Además en este servicio no se ha llamado a audiencia pública, por lo que seguimos reclamando que se la convoque”.

La tarifa social comprende a los usuarios con ingresos menores a 9.900 pesos por grupo familiar, quienes pagan bimestralmente 84 pesos por el agua. Con el 22 por ciento de incremento, pagarían 102,50 pesos. Pero eso sería sólo con la primera cuota, porque el retiro de subsidio continuará en mayo con una suba de 6,3 por ciento, 5,9 en julio, 5,6 en septiembre y 5,3 en noviembre. A fin de año, el ajuste sumaría un 63 por ciento.

Otro de los temas a debatir en una audiencia sería el cálculo de la tarifa para quienes no tienen medidor de consumo, que son amplia mayoría. De 3,2 millones de usuarios en la región metropolitana, sólo unos 400.000 tienen consumo medido, incluyendo comercios, industrias y propiedades no residenciales.

Según reconoció el titular de AySA, Martín Heinrich, entre los que carecen de medidor hay quienes pagan mucho más de lo que consumen, porque se asignan los valores según el tamaño de la propiedad.

El ajuste en gateras fue cuestionado judicialmente por la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC) mediante un amparo. Pero el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Pablo Cayssials, y la cámara respectiva avalaron la disposición 62/2016 del Ministerio del Interior, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, sobre la dudosa constitucionalidad del tarifazo.