30 de diciembre de 2024
Qué impacto tuvo en la mortalidad, qué pasa con los insumos y cómo cambiaron las historias: a cuatro años de la ley de aborto legal
Sancionada por el Congreso nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, saldó un reclamo de décadas y puso a la Argentina a la vanguardia de la ampliación de derechos
>La periodista Nancy Pazos tenía 18 años cuando quedó embarazada por primera vez. “Su mamá la había echado de casa, vivía sola en una habitación alquilada. ‘Nos estábamos yendo de viaje. En San Luis conocimos a una pareja y le conté a ella lo que me estaba pasando, yo seguía sin saber qué hacer. Pero la chica trabajaba en un juzgado de menores y me empezó a bajar línea para que tuviera al bebé y lo entregara. La idea de gestar y entregarlo me pareció más dura que la de abortar’. Nancy abortó en una casona, en Flores. ‘Era un horror. Había como diez chicas recostadas, ni siquiera eran camas. Algunas estaban saliendo de la anestesia, solas. Otras lloraban. Todo era muy precario, poco aséptico. Lo recuerdo como una tienda de campaña, como un hospital de guerra. Creo que salí viva de ahí de casualidad’”.
Diana Galarza, capacitadora en temas de género, era una adolescente cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. “Tenía 16 años, iba a la secundaria. No sabía qué hacer, tenía mucho miedo de que se enterara mi familia. Lo que más recuerdo es la desesperación, porque tardé como un mes en poder resolverlo. (...) Al final, me hice el aborto en la casa de una señora del barrio. Tuve que llevar la sonda para que me la metiera, fue horrible”.
En 1997, en Argentina, la revista Tres Puntos retomó ese manifiesto y publicó una nota bajo el título: “Por primera vez veinte mujeres se atreven a decir: Yo aborté”. Entre trabajadoras anónimas, amas de casa, empleadas y estudiantes, contaron sus historias las escritoras Beatriz Sarlo y María Moreno, la investigadora, en ese momento legisladora, Dora Barrancos, las actrices Graciela Duffau, Divina Gloria y Alejandra Flechner. La portada de esa edición volvió a circular hace pocos días en las redes sociales luego del Las 18 mujeres, célebres y anónimas, que contaron sus experiencias en este medio en 2018, también hacían públicas por primera vez sus historias de abortos con el mismo fin que 50 años antes las 343 habían perseguido en Francia: que fuera ley.
Hace seis años, en las puertas del Mundial de Rusia —que, como es usual, se realizó en junio—, la sociedad argentina, o gran parte de ella, asistía expectante a otra contienda que se disputaba en el Congreso nacional: la primera ronda para debatir la ley IVE/ILE. Había invierno glacial y calor popular: fue un debate que mantuvo en vilo y conmovió a un país que siguió lo que sucedía en el recinto minuto a minuto. Había temperatura bajo cero, una vigilia que hervía la sangre y un amanecer ansioso que se mordía los labios ante la ajustada diferencia entre quienes estaban a favor de la ley y quienes estaban en contra. Hasta que se encendió la primera luz verde. El 14 de junio, después de una sesión maratónica de 22 horas en Diputados, el proyecto ganó media sanción con un resultado de 129 votos a favor y 125 en contra.El camino siguió sinuoso, en el Senado no salió. Colores políticos, retrocesos y modificaciones mediante, el 30 de diciembre de 2020, en el final de un año vivido a puro dolor, encierro, enfermedad y muerte, con barbijos, hubo festejo de quienes venían luchando desde al menos tres décadas atrás —y quienes se sumaron los años siguientes a la causa— por este derecho.“Lo otro que fue impresionante —sigue— es cómo Argentina se constituyó como un faro, en este tema, en la región. Argentina, Brasil, te diría un poco México, son sumamente importantes en todo lo que es legislación regional en el Mercosur, en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argentina ha tenido una legislación sumamente interesante y progresista en materia de derechos humanos con la ley migratoria, de matrimonio igualitario, de identidad de género, todo lo que es la agenda de Memoria, Verdad y Justicia. Siempre fue como el faro que todos miran. Entonces cuando se sancionó y legalizó el aborto, que pasó justo después de Irlanda, fue muy relevante”.
El eco de la ley argentina rebotó en la región y más allá. Belski recuerda que después de la aprobación local Colombia obtuvo “muy buena sentencia de la Corte Constitucional, México despenaliza el aborto en otras ciudade más allá del Distrito Federal, hay una marea verde. Y los pañuelos también empiezan a replicarse por toda la región. Entonces, para las organizaciones que luchamos por el reconocimiento y la implementación de este derecho, regionalmente tuvo un impacto enorme, pero también lo tuvo a nivel internacional: el verde y los pañuelos llegaron a Europa, a Japón, a lugares impensados”.Desde su entrada en vigencia, la Ley 27.610 establece el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para las mujeres y personas con identidades de género diversas hasta la semana catorce de gestación (inclusive), sin tener que dar explicaciones sobre los motivos de la elección y también cuando el embarazo es resultado de una violación o pone en peligro la vida o salud de quien gesta. Además, dispone la atención médica postaborto “más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley” así como el acceso a métodos anticonceptivos de todas las personas con capacidad de gestar.
Del texto a los hechos pasa de todo.El Gobierno anterior, repasa la directora de Amnistía, concentró el trabajo para la aplicación de la ley desde el Programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. “Porque la implementación, aunque todos crean esto, no estaba bajo la jurisdicción o competencia del Ministerio de las Mujeres, todo lo que tenía que ver con temas de salud sexual y reproductiva y aborto caía dentro de las competencias de Ministerio de Salud. Y la verdad es que tuvo un avance impresionante”.
Belski detalla dónde estuvieron puestos, puntualmente, los esfuerzos y cuenta que se capacitó a los proveedores y al personal del servicio de salud, que se invirtió en la adquisición y compra de misoprostol —”que en Argentina ya se fabricaba en la provincia de Santa Fe y a partir de la ley se decidió que se produjera también en otras jurisdicciones”—, y se implementó lo que se llamaba el “combipack”, “que es la fusión del misoprostol y la mifepristona. La combinación de ambas es mucho más efectiva en términos de resultado; es una fórmula medicamentosa recomendada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el aborto seguro y en condiciones de calidad”.Aclara también que no todos los medicamentos son financiados por el Estado sino que hay muchas organizaciones, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), un organismo de cooperación internacional que promueve la salud, los derechos y la igualdad de oportunidades, que entre sus roles se adjudica el de ayudar a los gobiernos a proveer estos tratamientos.
Aunque la ley es de aplicación obligatoria en todo el país, al tener implementación local, “o sea que son las diferentes jurisdicciones las que tienen la responsabilidad de aplicarla”, explica Belski, no todas las provincias, ni mucho menos todas las instituciones se pliegan enteramente a su cumplimiento. Lo que hacía, entonces, el Estado era trabajar de manera coordinada con los programas de salud sexual y reproductiva de las provincias para hacer un seguimiento de qué sucedía con la norma en cada una y brindar asistencia o resolver las situaciones que pudieran surgir.Claro que no fue perfecto, ni la sombra de eso, aclara Belski. Y cuenta que en el sitio de Amnistía, donde se pueden hacer consultas y reclamos ante el no cumplimiento del derecho, recibieron en la gestión anterior muchas denuncias. Pero no la cantidad que reciben en la actualidad: entre 2023 y 2024 aumentaron un 215%. También porque la línea estatal de asesoramiento fue desactivada y las personas no tienen a quién recurrir.
También exponen que, tras la sanción de la ley, Argentina amplió la cantidad de servicios de salud públicos que proveen acceso a la IVE/ILE en un 98% (según datos de diciembre de 2022), aunque, como explicaba Belski, la oferta y el acceso efectivo no es lineal dada la heterogeneidad de las jurisdicciones: en algunas la oferta está distribuida en muchas instituciones pero en otras está concentrada en pocas. Especifican: en Argentina hay 16 servicios de IVE/ILE cada 100.000 mujeres entre 15 y 49 años. Lo que varía entre 3 cada 100.000 mujeres en Chaco, Mendoza y Santiago del Estero, y 40 cada 100.000 en Neuquén, Santa Fe y La Pampa.
Antes de diciembre de 2023, cuando La Libertad Avanza asumió el Gobierno nacional habiendo declarado abiertamente, en numerosas oportunidades, que uno de sus objetivos era derogar la Ley IVE por estar completamente en contra, trabajadores de la salud y organizaciones que siguen a este partido, tienen ideas semejantes o una línea de pensamiento acentuadamente religiosa o conservadora, ya obstaculizaban el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de diferente maneras.“Recibimos denuncias de que dejaban a las mujeres a la deriva —cuenta Belski—. Otra cosa que pasó es que hubo más de 23 acciones legales en contra de la ley, pidiendo la inconstitucionalidad, y de esas, aunque muchas se desecharon, al menos dos están en la Corte Suprema en este momento”.
Sucedió entonces que los abortos solo pudieron garantizarse —hasta ahora— donde quedaba stock de años anteriores. Luego tocaba —toca— perseguir y trasladarse a la institución, incluso a la jurisdicción, que tenga reservas de misoprostol o combipack porque el Estado ya no los provee.
“Eso baja directamente a los hospitales y lo vemos porque hemos hecho pedidos de información a distintas jurisdicciones como Chubut, Córdoba, Santa Fe, San Juan y sabemos que no queda ni misoprostol ni mistepirona. No invirtieron en comprar anticoncepción para adolescentes, ni en ningún tipo de insumo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva. No continuaron con ningún programa que tuviera que ver con eso. Todo lo contrario, establecieron programas que incentivan la continuación del embarazo”, dice la directora de Amnistía.
El reporte titulado “Insistir y persistir. El panorama del aborto en Argentina”, publicado recientemente por el Proyecto Mirar con el objetivo de registrar y mostrar cómo fue la implementación de la política que establece la Ley IVE/ILE entre enero y octubre de 2024, coincide en los retrocesos señalados por Belski.
Confirman que “durante 2024 el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó ningún tratamiento medicamentoso para IVE/ILE de los 100.400 planificados, (según Chequeado)”. Pero que, pese a los obstáculos, gran parte de las provincias continúan esforzándose para sostener y garantizar el acceso a este derecho.
“Lucía llegó al hospital para solicitar una interrupción de embarazo. Con 16 años no quería dejar de estudiar”. “Aurora fue abusada por su padrastro. Cuando se enteró de su embarazo acudió a un hospital para interrumpirlo”. “Adelina encontró un centro de salud donde abortar cerca del paraje donde vive. Sabía que no podría mantener otro hijo”. “Bárbara se enteró de su embarazo cuando se estaba haciendo un tratamiento por una enfermedad. Era incompatible con la gestación. Abortó”.Dicen mujeres de diferentes edades, orígenes, profesiones, recorridos. Cuentan entre todas historias breves de otras mujeres que abortaron de manera segura gracias a la Ley IVE/ILE en un video realizado por CEDES para el 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El aborto no es deseado ni buscado. Es un derecho imprescindible al cual acceder cuando la maternidad no es una elección ni una posibilidad. Es un derecho que otorga libertad.
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