El jefe del Palacio de Hacienda anticipó que buscará un cambio en el IVA que incluiría una alícuota de base de ese impuesto, de 9%, y la elaboración de un esquema por el cual cada provincia establezca lo que “necesita” de porcentaje adicional de acuerdo a su estructura de gasto público. El objetivo final sería una suerte de “competencia” de provincias por atraer inversiones con impuestos lo más bajos posible.

Por su parte, el enviado de Maximiliano Pullaro consideró que la reforma tributaria “está dentro de los compromisos con el FMI” y que “el éxito o destino de esa reforma creo que va a estar en la calidad de la discusión política”. “Por prepotencia de agenda o mayorías tácticas en el Congreso, puede tener avance pero para que sea sostenible tiene que estar sostenido en un acuerdo con las 24 jurisdicciones”, dijo Olivares.

Por otra parte, López insistió en que “es imprescindible que se tenga en cuenta la dimensión federal, la opinión de las provincias, y discutirlo en un ámbito federal”. “Debe ser discutido desde el punto de vista tributario como las competencias de gastos de cada nivel de gobierno. En el último tiempo, el Gobierno tomó decisiones unilaterales que impactan de lleno en provincias y municipios”, cuestionó el ministro bonaerense en referencia a la modificación que hizo ARCA del esquema de anticipos de Ganancias.

“Eso resulta perjudicial y atenta contra las capacidades de atender las necesidades de los habitantes de nuestras provincias. La forma en que se plantea la discusión, meramente nacional y la necesidad de reducir la carga tributaria, se simplifica enormemente el debate”, criticó López.

Por su lado, Abraam consideró que el anuncio tiene “buenas intenciones”, y alertó que en el detalle de la medida estará la clave. “Falta la letra chica, por la competencia fiscal las empresas podrían ir a facturar en otras provincias, por eso hay que reglamentarlo bien”.

Otro referente provincial comentaba, fuera de micrófono, que lo decisivo será que ésa alícuota adicional que deberían determinar las provincias será sobre el IVA en la provincia de origen o de destino, para evitar una competencia desleal. Expertos en finanzas provincias, también presentes en el evento, aseguraron que un cambio como el que piensa el Gobierno tendría un impacto mucho menor en las grandes provincias y sería más significativo para las más que tienen economías más chicas.

Un informe de Empiria, cuyo director Hernán Lacunza también expuso en el evento de Adcap y DLA Piper, reflejó cuáles serían las provincias que más perderían en términos fiscales ante un escenario eventual de eliminación de la coparticipación de IVA y de Ingresos Brutos provincial.

La Ciudad de Buenos Aires resignaría un 67% de sus ingresos, de los cuales 61 puntos son IIBB y 6% IVA. La que menos perdería sería Neuquén, aunque en la diferenciación de esos dos impuestos Formosa sería la más perjudicada por la eliminación del reparto federal de IVA, ya que para esa jurisdicción representaría 46 puntos porcentuales de los 52 puntos en general.

En la Casa Rosada entienden que sería difícil plantear un intento nuevo de pacto fiscal con los gobernadores como intentaron gobiernos anteriores en los últimos años para acordar un sendero de caída de la presión impositiva. La Nación, por definición, no tiene potestad para obligar a ninguna provincia a bajar Ingresos Brutos ni ningún otro tributo que dependa de los fiscos provinciales.

Por eso apunta en otra dirección para intentar bajar la carga tributaria. La idea es “partir” al IVA en dos. La Nación continuará con un alícuota de base del 9%, del 21% que tiene hoy ese gravamen como tasa, más allá de alícuotas recortadas y excepciones que tienen algunos bienes o servicios. Ese 9% tiene sentido al entender cómo es la coparticipación “primaria” del IVA.

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