9 de marzo de 2025
Qué implica el fin de los aportes obligatorios a las cámaras empresarias y cuánto dejarán de recaudar
El decreto 149 eliminó el cobro compulsivo a empleadores no afiliados y afecta especialmente al comercio y la industria
>El Gobierno avanzó en la última semana con una advertencia que ya había hecho meses atrás y que generó alarma en parte del sector empresario.
“El decreto establece que estas cláusulas no tienen fundamento normativo y afectan la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulneran los principios constitucionales de legalidad y representatividad”, aclaró el Gobierno, al tiempo que precisó que las cámaras tienen un plazo de 90 días para adecuarse a la nueva normativa.
Sin embargo, como en otros sectores, las empresas pagan por cerca de la mitad de sus trabajadores (unos 600.000). Por lo tanto, la recaudación real se reduce a la mitad del potencial. Si bien es obligatorio, muchos comercios no lo pagan o declaran menos trabajadores de los que tienen registrados. El monto real percibido se estima en $3.000 millones por mes, que son cobrados vía el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).
Una de las voces para que Sturzenegger se interesara en el tema y avanzara fue la de la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam), que reclamó insistentemente por la eliminación de este aporte.
Según expresó la entidad en un comunicado, desde el 2008, “los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por ´capacitación´ por cada empleado, aunque no se capaciten nunca”. “A partir del decreto 149, ese pago pasará a ser voluntario.La entidad denunció también falta de rendición de cuentas en entidades como la CAME y remarcó que esta contribución no esencial representará un ahorro mensual de unos $47 millones para el sector mayorista.
Como el Gobierno estableció un plazo de 90 días para su aplicación, los directivos de las entidades afectadas analizan junto a sus abogados los alcances de la norma y cómo sostener su financiamiento ante la caída de ingresos.A su vez, un comunicado que emitió la entidad dirigida por Mario Grinman luego de publicado el decreto advirtió: “muchas de las acciones que llevan adelante estas instituciones muy difícilmente serían sostenibles con el financiamiento voluntario, toda vez que sus beneficios tienen carácter general y no excluyen a quienes no contribuyen con su sostenimiento”.
“Esto comprende -remarcó la CAC- desde la gestiones y propuestas ante los distintos gobiernos, las negociaciones con las contrapartes sindicales, la defensa y promoción de la empresa privada y la libertad económica, entre tantas otras”.En la industria también se muestran preocupados por el fin de estos aportes, aunque en muchas cámaras ya se habían vuelto voluntarios.
El caso de mayor envergadura, por la cantidad de trabajadores, es el de los metalúrgicos, nucleados en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra). El aporte obligatorio de esta entidad generó disputas con muchas firmas del rubro que se resistían a pagarlo. Algunas presentaron reclamos judiciales e incluso existen fallos favorables a esos reclamos. Varias cámaras del sector, que incluso negocian paritarias junto con Adimra, como la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (Afac) o la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) se opusieron al pago y promovieron campañas para que las empresas lo rechazaran.El aporte que percibe Adimra asciende al 1% del sueldo de los trabajadores, que rondan los 250.000. El salario promedio formal es de $700.000, la recaudación mensual podría alcanzar casi $1.800 millones y superar $21.000 millones anuales. Sin embargo, solo se recauda por el 30% de los empleados asalariados. “El rol que ha tenido Adimra siempre con este tema es que sea voluntario y de ahí que nunca hizo acciones judiciales para el cobro del aporte. Además, es un sistema totalmente solidario con el universo de cámaras sectoriales y regionales que lo conforman y con quien comparte el financiamiento”, dijeron fuentes allegadas a la entidad.
También la Cámara de la Industria Plástica (CAIP), la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga), entre otras, incluyen aportes empresariales en sus convenios colectivos de trabajo.“No lo tengo en el convenio, lo tuve pero lo sacamos en 2015″, aclaró, en diálogo con Infobae, el presidente de Faiga, Juan Carlos Sacco. Y agregó: “Ahora paga el que quiere. A mí me pagan porque soy una entidad que da servicios. Las pymes están siendo arrastradas por un reclamo contra CAME. Jamás le reclamamos nada a nadie”, agregó el industrial gráfico.
A su vez, en el caso del sector maderero, el empresario le paga el aporte al sindicato y luego el gremio le gira un porcentaje a la cámara. “Se le cobra a las empresas 0,6% de la nómina salarial, el sindicato administra esos fondos y luego deriva una porción de eso a la federación. Hace 20 años que funciona así; y cuando se negocian las paritarias, ese tema nunca se toca”, dijo una fuente allegada a Faima. Este caso, como otros similares, quedan en un limbo, ya que si bien el aporte lo realiza una empresa, no va directamente a una cámara, por lo que quedan dudas sobre si debe o no eliminarse.
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